El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que no existe una verificación efectiva para asegurar que los ciudadanos marroquíes que obtienen la nacionalidad española renuncian a su nacionalidad original. Aunque es un requisito legal que deben cumplir, el Ejecutivo admite que no hay un marco legal que permita exigir prueba de esta renuncia. Esto implica que no hay mecanismos para confirmar si efectivamente los marroquíes han realizado este proceso al solicitar la nacionalidad española.
La Administración central ha especificado a través de una respuesta parlamentaria que todos los ciudadanos de Marruecos «deben declarar» su intención de renunciar a su nacionalidad de origen en el momento de adquirir la ciudadanía española, ya sea por opción, carta de naturaleza o residencia. Esta obligación se encuentra estipulada en el Código Civil, en su artículo 23, el cual establece que la declaración de renuncia es un requisito común para la adquisición de la nacionalidad.
Sin embargo, el Gobierno reconoce que no cuenta con «habilitación legal» para exigir documentación que verifique la pérdida de la nacionalidad anterior. Este asunto salió a la luz después de una pregunta formulada por miembros del partido Vox, quienes indagaron sobre el número de marroquíes que habían obtenido la nacionalidad española en los años 2023 y 2024 y que presentaron evidencia oficial del Reino de Marruecos que acreditara la renuncia a su nacionalidad original.
Los representantes de Vox, incluyendo a Javier Ortega Smith, Emilio del Valle y Carlos Flores, expresaron su preocupación por la respuesta del Gobierno, que se limitaba a señalar la obligación de declarar la renuncia, sin ofrecer cifras concretas sobre cuántos marroquíes habían cumplido con este requisito. A través de sus preguntas, los diputados también cuestionaron si las autoridades españolas exigen algún tipo de prueba posterior para comprobar que quienes declaran haber renunciado a su nacionalidad realmente lo han hecho.
En 2024, el número de nacionalizaciones de marroquíes se mantuvo elevado, con un promedio de 118 marroquíes nacionalizados al día. Este incremento se ha visto reflejado en las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican un aumento del 5% en comparación con el año anterior, siendo Marruecos el país de origen con más solicitudes aprobadas. A pesar de que la tendencia ha sido constante durante la gestión de Sánchez, es notable que, comparado con la etapa de Mariano Rajoy, la cantidad de nacionalizaciones ha aumentado significativamente.
Desde que Sánchez asumió el Gobierno, han conseguido la nacionalidad española aproximadamente 272.500 marroquíes, mientras que durante el mandato del PP se registraron poco más de 130.000 en un periodo equivalente. Esta diferencia subraya un cambio notable en las políticas de nacionalización, evidenciando un notable interés de los ciudadanos marroquíes en obtener la nacionalidad española, a pesar de la falta de un mecanismo claro para verificar la renuncia a su nacionalidad de origen.
La situación plantea importantes cuestiones sobre el proceso de nacionalización y la gestión de la ciudadanía en España, especialmente en relación con los ciudadanos de países no iberoamericanos, que son los únicos exentos de este requisito de renuncia. La falta de herramientas legales para comprobar el cumplimiento de este requisito podría tener implicaciones en la integridad del proceso de nacionalización y en cómo se gestionan las identidades nacionales en el contexto actual.
De cara al futuro, es evidente que el Gobierno deberá abordar estas preocupaciones para garantizar que el proceso de adquisición de la nacionalidad se lleve a cabo de manera transparente y legal, asegurando que se cumplan los requisitos establecidos y que se respeten los derechos de todos los solicitantes.
