El Gobierno Vasco ha anunciado la inminente desclasificación de documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como 23-F. Este proceso, que se considera histórico, se llevará a cabo el 20 de enero y permitirá acceder a un total de 153 “unidades documentales” que se han recopilado principalmente en los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores. La información estará disponible en la página web de La Moncloa a partir del mediodía de ese día.
La ministra portavoz, Elma Sáiz, ha indicado que, aunque no se dispondrá de grabaciones o archivos sonoros, se ofrecerán transcripciones de conversaciones y, posiblemente, alguna imagen relacionada. A pesar de la expectativa generada, el Ejecutivo no se ha comprometido a aclarar si esta desclasificación modificará de manera significativa el relato oficial sobre el 23-F, especialmente en lo que respecta al papel del rey emérito, Juan Carlos I.
Esta acción se enmarca en un esfuerzo más amplio del Gobierno por acabar con lo que define como una “anomalía democrática”, ya que muchos países occidentales ya han desclasificado información relacionada con eventos históricos relevantes, mientras que España ha mantenido estos documentos en secreto durante más de cuatro décadas. La portavoz ha afirmado que esta iniciativa contribuirá a combatir “los bulos” que circulan, particularmente aquellos impulsados por la ultraderecha, que distorsionan la historia reciente del país.
Uno de los puntos destacados de esta desclasificación es la atención que se prestará a la tarde del 23-F, momento en el que varios mandos militares buscaban la aprobación del rey sobre el golpe de Estado. Se espera que los documentos arrojen luz sobre la actuación de Juan Carlos I y el decisivo papel que desempeñó Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey en ese momento. Este último comunicó a los militares que Alfonso Armada, el principal instigador del golpe, “ni está ni se le espera” en Zarzuela, lo cual fue interpretado como un intento de distanciar al monarca de las acciones golpistas.
La desclasificación de estos documentos ha sido reclamada desde diversos sectores, especialmente desde la izquierda, que considera fundamental esclarecer los hechos de aquel día crucial para la democracia española. El Gobierno ha manifestado su interés en que este proceso no se limite solo al 23-F, sino que se extienda a otros periodos significativos de la historia reciente del país.
No obstante, la posibilidad de que se apruebe una nueva ley de secretos oficiales, que permita desclasificaciones de forma más sistemática, aún está en el aire. La portavoz ha indicado que, aunque se cuenta con la intención de lograr un consenso para modificar la legislación vigente, las negociaciones con partidos como el PP son complejas y, en este momento, se requiere superar diferencias significativas.
El PNV ha sido un defensor histórico de la reforma de esta ley, proponiendo cambios en la normativa de 1968 que actualmente rige los secretos oficiales. Sin embargo, las propuestas del Gobierno y las del PNV han quedado estancadas debido a la falta de acuerdo sobre los límites y condiciones de la desclasificación.
Con esta desclasificación, el Gobierno Vasco reafirma su compromiso con la memoria histórica, buscando esclarecer un episodio que aún suscita debates y controversias en la sociedad. La respuesta del público y de los historiadores ante la publicación de estos documentos podría abrir nuevas avenidas para el entendimiento del pasado reciente de España.
Finalmente, la portavoz ha resaltado la importancia de esta medida, subrayando que “este Gobierno corrobora así un compromiso claro con la memoria”. Con la expectativa de que esta desclasificación sea solo el principio de un proceso más amplio, queda por ver cuáles serán los efectos a largo plazo en la imagen de figuras históricas y en el relato colectivo sobre la democracia española.
