El Gobierno Vasco ha abordado la preocupación manifestada por el parlamentario José Antonio Monago en el Senado, respecto a los recientes episodios de violencia política en el País Vasco y Navarra. Durante el último trimestre de 2025, se produjeron disturbios en varias ciudades, incluyendo Pamplona, Bilbao y Vitoria, en el contexto de eventos relacionados con la presencia de miembros del partido Vox, así como de su entorno y un periodista. Monago enfatizó que estos incidentes reflejan una «deriva hacia formas organizadas de agresión» contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los disturbios más significativos ocurrieron el 29 de octubre de 2025, en Pamplona, donde un acto de Vox en la Universidad de Navarra desembocó en enfrentamientos entre radicales abertzales y las fuerzas antidisturbios. Como resultado, dos personas fueron detenidas por agresión y desórdenes públicos. Posteriormente, el 1 de noviembre, se registraron ataques coordinados por redes sociales, que llevaron a la quema de contenedores y agresiones a viandantes, resultando en la detención de cuatro personas, que enfrentan cargos por atentado y daños.
Incidentes similares se reportaron en Vitoria y Bilbao durante octubre y noviembre del mismo año, donde las protestas dejaron varios heridos leves y un número significativo de identificaciones. Ante esta situación, el Gobierno ha manifestado su firme intención de no restar importancia a estos actos violentos en ninguna región del Estado español.
En respuesta a estos desafíos, el Gobierno Vasco ha actualizado el ‘Plan de actuación y coordinación policial frente a grupos violentos de carácter juvenil‘ a través de la Instrucción 8/22. Esta instrucción tiene como objetivo clasificar a los grupos violentos según su ideología, nacionalidad de origen y motivación, además de establecer medidas para prevenir su aparición. Se enfatiza la importancia de mantener actualizados los planes de información sobre sus actividades delictivas.
La coordinación de las fuerzas de seguridad se considera esencial para abordar eficazmente esta problemática. Los planes operativos desarrollados buscan garantizar una respuesta rápida y efectiva ante los disturbios. Este enfoque incluye mecanismos de cooperación entre las diferentes unidades policiales, facilitando una actuación más cohesiva.
El Gobierno ha indicado que la Dirección General de Coordinación y Estudios, junto con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), son clave en la supervisión y evaluación del plan. En este sentido, también colaboran con la Ertzaintza en el intercambio de información y en la implementación de las medidas acordadas.
Además, la Junta de Seguridad del País Vasco juega un papel crucial en la coordinación entre el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Ministerio del Interior. Esta junta se encarga de establecer criterios de colaboración operativa, distribución de competencias y de desarrollar planes conjuntos de seguridad, asegurando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de una respuesta robusta y coordinada ante los desafíos que plantea la violencia política en la región. La actualización del plan y el fortalecimiento de la cooperación entre las fuerzas de seguridad son pasos decisivos para afrontar estos problemas, asegurando la protección de la ciudadanía y la defensa del orden público.
