Este martes se conmemoran 50 años de uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de España. El 3 de marzo de 1976, a las 15:50 horas, un operativo policial, reforzado por unidades de Miranda de Ebro, asaltó la parroquia de San Francisco en Vitoria. Este suceso tuvo lugar en un contexto marcado por movilizaciones obreras en el país. Durante la asamblea, los agentes lanzaron gases lacrimógenos y abrieron fuego, resultando en la muerte inmediata de cinco personas: Francisco Aznar, de 18 años; Pedro Martínez, de 27; y otros tres que succumbieron a sus heridas más tarde.
Este incidente, catalogado como un acto de violencia institucional, ha sido objeto de condena por parte del Gobierno Vasco, que en una declaración institucional destacó la «actuación desproporcionada de la policía armada». En la misma se reconoció que la lucha obrera jugó un papel crucial en la recuperación de libertades y en el establecimiento de un sistema democrático basado en el pluralismo y el respeto a los derechos sociales.
La matanza ocurrió en un periodo de transición política, apenas tres meses tras la muerte del dictador Francisco Franco, bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro y con Manuel Fraga como ministro del Interior. En un contexto de creciente descontento social y movilizaciones obreras, los trabajadores de Vitoria habían llevado a cabo varias huelgas generales, desafiando el control del sindicato franquista.
A lo largo de los años, la verdad sobre lo ocurrido se ha distorsionado. Durante mucho tiempo, los líderes obreros fueron considerados responsables de los hechos, hasta que, en 2004, el Gobierno Vasco y el Parlamento corroboraron que las fuerzas policiales habían actuado con responsabilidad penal. Esto se basó en un dictamen encargado a historiadores del Instituto Foronda, que refutó la narrativa oficial de la culpabilidad de los trabajadores.
De acuerdo con el dictamen, no había justificación para la intervención policial, que rodeó la iglesia y trató de disolver la asamblea. Cuando los congregados se negaron a abandonar el lugar, comenzó un desalojo violento que incluyó el lanzamiento de botes de humo y el uso de balas. Este operativo resultó en cinco muertes y más de 26 heridos por disparos.
El relato del dictamen, que fue más allá que la declaración del Gobierno, destacó el uso excesivo de la fuerza. Los agentes dispararon más de mil balas, y la respuesta de la policía fue desmedida. La declaración de un capitán de la Policía Armada, que intentó justificar los disparos, fue desmentida por el propio informe, señalando que no se encontraron armas en posesión de los obreros.
En marzo de 1977, un tribunal militar reconoció que había habido homicidio, pero el caso fue cerrado por falta de culpables identificados. La justicia militar finalmente sobreseyó el caso, que prescribió con el tiempo. La falta de justicia y verdad ha sido un tema recurrente en la memoria histórica de España.
El Gobierno de España ha comenzado a reconocer la gravedad de estos hechos, vinculando la matanza a la falta de libertades y a las órdenes desproporcionadas de las autoridades policiales. Sin embargo, no se ha especificado de dónde partieron estas órdenes, dejando un vacío en la investigación.
El reconocimiento a las víctimas ha sido un proceso gradual, iniciado en gobiernos anteriores. La Ley de Memoria Histórica de 2007 y otras acciones han ido en la línea de reparar el daño causado a las víctimas y sus familias. En 2026, la iglesia de San Francisco, escenario de la matanza, será declarada un centro memorial.
A pesar de que el dictamen Foronda también ha sido aceptado por el Gobierno español, la verdad sobre la matanza de Vitoria sigue siendo compleja y está cargada de implicaciones políticas. Como señala el coordinador del dictamen, es fundamental no generar falsas expectativas sobre el alcance de la desclasificación de documentos relacionados con estos hechos. El impacto de la matanza en la transición hacia la democracia sigue siendo un tema de análisis e interpretación histórica.
