El Gobierno central ha tomado la decisión de recuperar los 33 pisos que anteriormente estaban asignados a los miembros de la judicatura en el País Vasco. Estas viviendas, que fueron ofrecidas a jueces, fiscales y secretarios judiciales desde la década de los ochenta, están distribuidas en ocho localidades vascas y se implementaron en respuesta a la amenaza que representaba ETA, ya que este colectivo se convirtió en un objetivo del terrorismo. Sin embargo, este beneficio ha generado controversia dentro del propio ámbito judicial, donde muchos consideran que, tras el cese de la actividad terrorista, dichos inmuebles constituyen un privilegio sin justificación.
Los apartamentos en cuestión son propiedad del Ministerio de Hacienda y, hasta ahora, estaban gestionados por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En Bilbao, existen 15 de estos pisos, algunos de los cuales están ubicados en el centro y cuentan con amplias dimensiones, superando los 150 metros cuadrados, con cinco habitaciones y tres baños. También hay cinco en Vitoria, ocho en San Sebastián y uno más en Zarautz, cerca de la playa. Los ocupantes no pagan alquiler, solo cubren los gastos generales como agua y luz. Con la nueva directiva, el Gobierno planea proceder a la venta de estas propiedades a medida que los actuales inquilinos cumplan con el periodo de permanencia máximo de cuatro años.
Desde 2010, el uso de estas viviendas estaba regulado, estableciendo un sistema rotatorio que limitaba la ocupación a periodos de cuatro años. Después de este plazo, se abría una nueva convocatoria para que otros miembros de la judicatura pudieran optar a ellas, teniendo en cuenta necesidades económicas y cargas familiares. Esta gestión ha provocado tensiones en el colectivo, especialmente entre los magistrados, ya que algunos pisos están en ubicaciones privilegiadas y en excelentes condiciones. Los salarios de los jueces en Bilbao rondan los 4.000 euros netos al mes, lo que ha llevado a cuestionar la necesidad de mantener estos beneficios.
La decisión de recuperar estos inmuebles se produce 15 años después del final de la actividad de ETA y seis años después de su desaparición definitiva. En 2017, se reveló que estos beneficios continuaban vigentes. Organizaciones como Jueces para la Democracia habían solicitado la eliminación de este «privilegio», aunque reconocieron que en su momento contaron con una justificación clara, debido a la violencia que enfrentaba el colectivo judicial. Por otro lado, la Asociación Profesional de la Magistratura argumentó que, a pesar de la ausencia de la amenaza terrorista, estas viviendas constituían un aliciente para asegurar la estabilidad de la plantilla en Euskadi.
El debate sobre esta cuestión se había prolongado durante años. Durante la gestión de Juan Luis Ibarra al frente del Tribunal Superior, se insistía en que no era su responsabilidad tomar decisiones sobre la enajenación de estos activos, dado que no eran los propietarios. Sin embargo, la situación cambió en septiembre, cuando se anunció a los miembros de la judicatura que algunos pisos habían quedado libres para que pudieran presentar solicitudes. Apenas una semana después, se retractaron de esa comunicación, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, firmó una orden que anulaba directrices previas de los años 80 que otorgaban la gestión de estos inmuebles al Tribunal Superior, transfiriendo esa competencia a su Secretaría.
El siguiente paso en este proceso aún no está claro. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han declarado que desconocen cuál será el futuro de estas viviendas bajo el nuevo mandato. Por su parte, el Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, no ha proporcionado información respecto a la disposición de estos inmuebles. Sin embargo, distintas fuentes afirman que se contempla la posibilidad de «desafectar» estas viviendas, lo que sugiere que podrían destinarse a otros usos, posiblemente a la venta, como ha ocurrido con otros patrimonios residenciales del Estado en Euskadi. La intención es lograr una «transición razonable» para facilitar la salida de los actuales inquilinos, de modo que, al finalizar el periodo rotatorio, las propiedades estén vacías y listas para ser vendidas.
En el pasado, el Gobierno Vasco también poseía viviendas destinadas a la cúpula judicial, las cuales fueron retiradas en 2006, coincidiendo con un periodo de tregua de ETA. Esta decisión provocó un notable conflicto entre los poderes ejecutivo y judicial. El futuro de estas viviendas recuperadas y su gestión se presentan como un tema delicado y debatido, reflejando las complejidades de la relación entre las diferentes instituciones en Euskadi.
