El Gobierno Vasco ha alcanzado un acuerdo significativo con el ejecutivo de Pedro Sánchez para el traspaso de cinco competencias clave al País Vasco. Este acuerdo fue culminado el 15 de enero de 2026, tras intensas conversaciones que involucraron al lehendakari Imanol Pradales. Una de las transferencias más destacadas es la gestión de las ayudas al desempleo, convirtiendo a Euskadi en la primera comunidad autónoma en asumir esta responsabilidad.
La negociación se produjo en un contexto complicado, ya que solo unos días antes, el Gobierno central había presentado un nuevo modelo de financiación autonómica acordado con ERC. Este cambio ha generado un debate intenso sobre las concesiones realizadas a los socios de investidura, avivando las tensiones políticas en torno a la financiación de las comunidades autónomas.
La Comisión Mixta de Transferencias se reunirá formalmente para ratificar la cesión de las siguientes competencias: la gestión de las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, el salvamento marítimo, el seguro escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.
La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha señalado que las dificultades en la negociación se centraron en la financiación de estas competencias. El acuerdo final establece que estos servicios se gestionen a través del Cupo derivado del Concierto Económico, una gestión que el Gobierno de Sánchez había dudado en aceptar en el pasado, lo que había provocado retrasos en la Comisión originalmente programada para diciembre.
«Todavía no tenemos nada firmado, pero hay acuerdo», destacó Ubarretxena, quien enfatizó que la intervención de Sánchez fue crucial para superar las reticencias de algunos sectores de la Administración central.
El trasfondo de este acuerdo se sitúa en las críticas recientes sobre la «financiación singular» que se otorga a Cataluña. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó un plan que asegura a la Generalitat cerca del 23% de los nuevos recursos estatales, a pesar de que representa solo el 16% de la población española. Esto ha generado reacciones entre otras comunidades autónomas, que ven en estas negociaciones un posible ataque a la solidaridad interterritorial.
El pacto con el PNV ha suscitado preocupaciones no solo en Cataluña, sino también en comunidades como la de Madrid, donde se ha criticado la insuficiencia de los recursos asignados bajo el nuevo modelo de financiación. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, recibirá 2.555 millones de euros, cifra que su gobierno considera inadecuada y derivada de partidas ya existentes.
Las tensiones generadas por la bilateralidad en estas negociaciones han encendido alarmas en las regiones que sienten que estos acuerdos pueden quebrantar el régimen común establecido para la gestión de recursos. La posibilidad de que la gestión de la Seguridad Social se maneje de manera bilateral ha sido vista como un desafío a las normas y principios que sostienen la cohesión territorial en el país.
En definitiva, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y el de Pedro Sánchez representa un avance notable en el proceso de descentralización en España, aunque también plantea interrogantes sobre el futuro de la financiación autonómica y la equidad entre comunidades. A medida que se consolide este acuerdo, será crucial observar cómo se implementan las nuevas competencias y cómo se gestionan las tensiones que puedan surgir en el contexto político actual.
