El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso significativo al aprobar, en el último Consejo de Ministros, la condonación de 83.252 millones de euros de deuda acumulada por las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Este fondo, establecido durante el mandato de Mariano Rajoy en 2012, buscaba proporcionar apoyo financiero en un contexto de crisis económica. La decisión se enmarca en el objetivo del Gobierno de facilitar la aprobación de los presupuestos generales para 2026.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en una rueda de prensa posterior que esta medida se aprobó gracias a «la buena marcha de la economía en España«, destacando que se han cumplido los objetivos de consolidación fiscal a pesar de las adversidades como la dana y la erupción del volcán en La Palma. Esta iniciativa, anunciada a finales de febrero, forma parte de los acuerdos alcanzados con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el marco del acuerdo de investidura.
Sin embargo, la medida ha suscitado el rechazo del Partido Popular, que la considera una cesión al independentismo y un agravio que rompe la igualdad entre los ciudadanos españoles. Montero ha defendido la medida, argumentando que «es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España», y ha señalado que un gran porcentaje de la deuda corresponde a comunidades gobernadas por el PP.
La condonación no afecta al País Vasco y Navarra, dado que no forman parte del sistema de financiación común. Esta propuesta fue validada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que tiene la responsabilidad de regular la deuda de las comunidades para evitar desequilibrios financieros.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó esta medida, asegurando que los pactos con los socios parlamentarios de Sánchez representan «chantaje». Según Feijóo, «la deuda no desaparece», sugiriendo que todos los ciudadanos asumirán las consecuencias de la gestión de los gobiernos independentistas. Desde el Gobierno, se afirma que esta condonación permitirá a las comunidades ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses.
El Gobierno argumenta que las comunidades autónomas necesitan sanear sus cuentas tras el sobreendeudamiento que ocurrió durante la crisis financiera. El objetivo es reducir la deuda y facilitar el acceso a los mercados, al tiempo que se refuerza el Estado de Bienestar. Los criterios para aceptar la condonación son considerados técnicos y aplicables a todas las comunidades por igual.
Las comunidades que se beneficiarán más de esta medida son Andalucía y Cataluña, que suman más del 43,1% del total de la deuda condonada, con el Estado asumiendo 18.791 millones de euros en el caso de Andalucía y 17.104 millones en el de Cataluña. Otras regiones que también recibirán apoyo incluyen la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
Desde la oposición, el rechazo a esta medida sigue siendo contundente. Se argumenta que se trata de una concesión a los independentistas para que Sánchez mantenga el poder. Los líderes autonómicos del PP han expresado su descontento con esta decisión, señalando que la condonación es voluntaria y no está sujeta a «condicionalidades». Sin embargo, ya se ha anticipado que algunas comunidades, a pesar de su negativa inicial, podrían aceptar la condonación una vez que se materialice.
El debate sobre esta condonación de deuda pone de manifiesto las tensiones entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por el PP, que consideran que esta medida crea un Estado asimétrico y con privilegios para algunas regiones. A medida que avanza el debate político, la atención se centrará en la forma en que se implementará esta condonación y las reacciones que pueda generar entre las comunidades autónomas.
