El Gobierno Vasco ha decidido llevar a cabo un extraordinario Consejo de Ministros este viernes, donde se aprobará un amplio conjunto de medidas destinadas a mitigar las consecuencias de la guerra en Irán. Esta reunión se producirá un día después de la celebración del Consejo Europeo en Bruselas, donde se abordarán las implicaciones del conflicto y sus efectos en Europa.
Actualmente, los partidos PSOE y Sumar están inmersos en negociaciones internas para establecer el contenido de este paquete de medidas, que incluye una esperada rebaja fiscal en el ámbito energético. Se prevé que estas medidas se centren en apoyar a sectores especialmente vulnerables, como el agroalimentario y el transporte, que ya están sintiendo el impacto del aumento de precios, especialmente en los carburantes.
El Ejecutivo ha manifestado su intención de implementar un “plan de respuesta integral” que abarque tanto medidas estructurales como coyunturales. “Este plan tiene como objetivo proteger a los grupos más vulnerables y a los sectores más perjudicados por el encarecimiento de los precios”, señaló un portavoz del Gobierno Vasco. La coordinación con diferentes asociaciones de transporte y agroindustria ha sido fundamental en este proceso, ya que estas entidades han solicitado apoyo financiero y fiscal.
Las medidas coyunturales, que incluyen reducciones impositivas y ayudas específicas, son consideradas necesarias para abordar la presión inflacionaria que la guerra ha ocasionado. Por otro lado, las medidas estructurales buscan avanzar en la electrificación del sistema productivo, con el fin de disminuir la dependencia del petróleo a largo plazo. Este enfoque ha situado a España en una posición más favorable en comparación con otros países europeos, aunque el Gobierno tiene claro que debe seguir avanzando en la descarbonización.
A medida que se acerca la fecha del Consejo de Ministros, los distintos departamentos del Gobierno están llevando a cabo reuniones intensivas con los sectores afectados. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se han reunido recientemente con representantes de la industria agroalimentaria, quienes han manifestado que la subida de costos es “inmediata”.
El impacto en el sector agroalimentario es significativo, con informes que indican que el encarecimiento de los combustibles, fletes y materias primas está afectando al precio final de los productos. Ignacio Silva, presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), ha subrayado que la situación es crítica, indicando que el encarecimiento podría trasladarse pronto a los precios que los consumidores pagan en el mercado.
La Asociación Comercial Española de Fertilizantes (Acefer) también ha alzado la voz, advirtiendo sobre un aumento en los precios de los insumos. Su presidente, Juan Pardo, ha señalado que la disponibilidad de nitrógeno y azufre ha disminuido en un 20% a 30%, lo que complica aún más la situación. La asociación ha pedido al Ejecutivo que posponga la aplicación del mecanismo de ajuste por carbono en la Unión Europea, argumentando que es necesario apoyar a los agricultores en este contexto de altos costos.
Estas demandas han suscitado un diálogo constante entre el Gobierno y las organizaciones agrarias, como Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, quienes han solicitado un paquete de ayudas directas y bonificaciones fiscales. En este sentido, el Gobierno está comprometido a escuchar a las partes interesadas para definir las medidas más adecuadas ante la complejidad de la situación.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que el Consejo de Ministros del viernes aprobará “las primeras medidas del escudo social para proteger a las familias trabajadoras de los efectos de esta guerra”. Bustinduy ha puesto énfasis en que estas medidas incluirán intervenciones en el mercado para evitar márgenes excesivos por parte de las grandes empresas y asegurar que los precios no se disparen aún más.
El contexto actual es de gran incertidumbre, ya que las negociaciones continúan y las consecuencias de la guerra en Irán son aún difíciles de prever. Sin embargo, el enfoque del Gobierno Vasco es claro: trabajar de manera proactiva para proteger a los sectores más vulnerables y asegurar que la crisis no impacte desproporcionadamente a la población trabajadora.
