La reciente votación en el Congreso ha revelado nuevas configuraciones en el panorama político español, especialmente tras la disolución de la mayoría que respaldaba a Pedro Sánchez. En este contexto, ha cobrado relevancia un bloque que, hasta hace poco, parecía impensable: la unión de diversas formaciones de derecha, que incluyen al PP, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN). A pesar de sus diferencias en la concepción de España, estos partidos han encontrado un punto de convergencia en su enfoque económico y, notablemente, en su postura sobre inmigración.
Este miércoles, la coalición de las derechas utilizó su mayoría para aprobar una moción que insta al Gobierno Vasco a desistir del anunciado proceso de regularización de inmigrantes. Según la moción, se pide que el Ejecutivo «renuncie con carácter inmediato» a su plan de legalizar a alrededor de medio millón de inmigrantes que actualmente no cuentan con permisos de residencia. Aunque el texto tiene un carácter simbólico y no vinculante, pone de manifiesto la falta de apoyo parlamentario del Gobierno para avanzar en sus políticas migratorias.
La votación, que resultó en 176 votos a favor de los grupos de derechas y 172 en contra de la izquierda, el PNV y Coalición Canaria, también evidenció una fractura entre los partidos. Junts, por ejemplo, apoyó la moción a pesar de que su enmienda para delegar las competencias de inmigración en Cataluña fue rechazada. Además, el PP no aceptó una propuesta de Vox que planteaba medidas más severas para la expulsión de inmigrantes sin papeles.
Este giro en las posiciones del PP y Junts resulta notable. Hace dos años, ambos partidos respaldaron en la Cámara baja una iniciativa legislativa que exigía las mismas medidas que ahora rechazan. La nueva moción critica el proceso de regularización al argumentar que contraviene «los principios europeos y los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo». También sugiere medidas para devolver a los inmigrantes a sus países de origen y acelerar las expulsiones de aquellos condenados por delitos.
El debate sobre esta propuesta tuvo lugar el martes durante el inicio del pleno del Congreso. Durante la discusión, el PP dejó claro que ha adoptado un discurso que vincula la inmigración con problemas de seguridad. En esta línea, su diputada Sofía Acedo acusó al Gobierno de intentar regularizar a «miles de delincuentes». Por su parte, Josep Maria Cervera, de Junts, reiteró la solicitud de transferir las competencias de inmigración a Cataluña. Este tema ya había sido objeto de debate, pero no prosperó en su momento debido al rechazo de Podemos, que acusó a Junts de tener un discurso xenófobo.
El contexto actual pone en evidencia las tensiones dentro del Congreso y la complejidad de las alianzas políticas en temas tan candentes como la inmigración. La falta de apoyo del Gobierno para llevar a cabo sus políticas sobre este asunto subraya la fragilidad de su posición en un Parlamento fragmentado. Las diferentes perspectivas sobre la inmigración no solo reflejan las divergencias ideológicas entre partidos, sino que también sugieren un clima político cada vez más polarizado.
El impacto de esta moción no se limita a la esfera política, ya que también plantea interrogantes sobre el futuro de la política migratoria en España y su alineación con los estándares europeos. La presión ejercida por las fuerzas de derecha sobre el Ejecutivo podría influir en futuras decisiones y en el enfoque que adopte el Gobierno Vasco en cuestiones relacionadas con la inmigración. A medida que el debate se intensifica, será crucial observar cómo se desarrollan estas dinámicas en los próximos meses.
