El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido distanciarse de la postura del Gobierno Vasco respecto al tratamiento de la información sobre las personas detenidas o investigadas por delitos. A partir de ahora, el Consistorio no incluirá en sus comunicaciones oficiales la procedencia geográfica de estos individuos. Esta decisión se fundamenta en dos argumentos clave. En primer lugar, el Consistorio considera que conocer el origen de los arrestados «no justifica la actividad delictiva ni aporta nada». En segundo lugar, vincular «inmigración a delincuente es un gravísimo error que lo único que genera es sensación de inseguridad», tal como afirmó Amaia Arregi, concejal de Seguridad.
La nueva política del Ayuntamiento de Bilbao contrasta con la que ha estado aplicando la Ertzaintza desde hace unos meses. En esta línea, la Guardia Municipal de Donostia también ha mantenido una política similar, ya que no ha proporcionado información sobre el origen de los detenidos en sus escasas notas de prensa. Fuentes del Consistorio donostiarra indican que, por el momento, no hay planes para cambiar esta postura.
El debate sobre este tema ha cobrado relevancia en la agenda política de Gipuzkoa. Recientemente, el lunes pasado se discutió en las Juntas Generales, donde el Parlamento del territorio rechazó, con el apoyo del PNV, PSE y PP, una propuesta de resolución presentada por Elkarrekin y respaldada por EH Bildu. Esta propuesta pedía que el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantuviera su política anterior, que excluía la comunicación del origen de las víctimas y los presuntos autores de delitos.
Ambas formaciones argumentaron que esta nueva dirección «representa un peligroso e inaceptable retroceso (…) y una ruptura unilateral con dos décadas de compromiso ético y social en Euskadi». Este retroceso rompería el acuerdo establecido hace 25 años, cuando más de treinta medios de comunicación vascos firmaron el Pacto Social y Mediático, apoyado por el Ararteko, que comprometía a no mencionar el origen de las personas involucradas en delitos para prevenir la estigmatización.
Elkarrekin se refirió a SOS Racismo para advertir que señalar el origen en hechos delictivos genera una generalización perjudicial que criminaliza a comunidades enteras. La propuesta de Elkarrekin no prosperó, y el asunto fue nuevamente tratado en el pleno municipal de Bilbao, impulsado por el PP y Elkarrekin. Mientras que los populares abogaban por hacer público el origen de los detenidos, los morados defendieron que esta práctica no debía llevarse a cabo.
El Gobierno local abordó la cuestión de manera más cautelosa para evitar tensiones entre administraciones del mismo signo. Finalmente, se aprobó una enmienda del equipo de gobierno, apoyada por PNV, PSE y EH Bildu, que insta a reforzar las políticas de seguridad y fomentar la convivencia. Esta enmienda incluye un enfoque en la coordinación con otras instituciones y agentes, así como medidas dirigidas a luchar contra la reincidencia, adaptándose a las características de los distintos barrios.
Este debate ha resurgido en un contexto donde el lehendakari Imanol Pradales ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la Ertzaintza pueda colaborar con otras Fuerzas de Seguridad del Estado para participar en el proceso de expulsión de migrantes. Por su parte, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha aclarado que el lehendakari «en ningún momento mezcló seguridad e inmigración», destacando la necesidad de abordar estos temas con sensibilidad y responsabilidad.
