La Formación Profesional (FP) en España está experimentando un notable cambio en su matrícula, particularmente en el caso de la educación privada. Según el último informe de CCOO Enseñanza, la demanda de alumnos en estos programas sigue aumentando, mientras que la oferta en el sector público se mantiene constante. Esto ha llevado a que la privada esté ganando cada vez más alumnos, con un incremento significativo en regiones como el País Vasco, donde la proporción de estudiantes en centros privados alcanza cifras destacables.
El informe señala que uno de cada cinco alumnos que cursan FP en España elige centros privados. Esta tendencia se acentúa en comunidades como el País Vasco y la Comunidad de Madrid, donde se estima que el 40% de los estudiantes se matriculan en la red privada. Esta situación ha suscitado preocupaciones entre sindicatos y educadores, quienes advierten que esta creciente privatización podría tener repercusiones negativas en la calidad educativa y en la equidad social.
La «revolución de la FP», promovida por el Gobierno Vasco como alternativa a la educación universitaria tradicional, se basa cada vez más en la iniciativa privada. Para CCOO, el aumento de la FP privada es una mala noticia, dado que puede llevar a una disminución en la calidad de la enseñanza y a una mayor «segmentación social». En concreto, el informe revela que, durante el curso 2025-2026, la FP privada ya acoge al 21% del alumnado en el país. Alrededor de un tercio de la oferta total de Formación Profesional se encuentra en manos de centros de titularidad privada.
El País Vasco se destaca como la comunidad con la mayor proporción de alumnado en centros privados, alcanzando un 43,8%, lo que equivale a 47.271 estudiantes. Esta cifra es superior a la de la Comunidad de Madrid, donde un 37,6% de los estudiantes, cerca de 129.000, elige la enseñanza privada. Otras comunidades, como Aragón y Cataluña, también presentan cifras elevadas, superando el 30%. Por el contrario, regiones como Canarias y Castilla-La Mancha presentan un panorama muy diferente, con una FP mayoritariamente pública y un bajo peso de la educación privada, que no supera el 14%.
El sindicato CCOO señala que la desigualdad en la oferta educativa no es simplemente una cuestión estadística, sino un factor que intensifica la desigualdad en el acceso a la educación. Cuando la red pública no crece al ritmo de la demanda, el sector privado ocupa ese vacío, pero lo hace seleccionando qué programas ofrecer. Esto concierne especialmente a las titulaciones con mayor empleabilidad, como Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear o Anatomía Patológica, que son escasas en la enseñanza pública, pero proliferan en la privada.
El coste de acceder a un ciclo formativo en un centro privado es también un factor determinante. Las tasas pueden oscilar entre 1.500 y 12.000 euros por los dos años de formación, lo cual excluye a una parte significativa del alumnado y convierte el acceso a los programas más solicitados en un tema de capacidad económica. La educación, que debería ser un derecho, se ve cada vez más condicionada por la situación financiera de las familias.
El informe de CCOO también destaca que la modalidad de enseñanza a distancia ha ganado terreno en la FP privada, lo que presenta riesgos adicionales. Esta modalidad es especialmente problemática para los estudiantes jóvenes que, ante la falta de plazas públicas, se ven obligados a optar por la educación online, la cual ofrece un acompañamiento educativo limitado y puede llevar a tasas más altas de abandono escolar. Esta tendencia es preocupante, especialmente en áreas rurales, donde la educación pública escasea y la única opción viable se encuentra en la enseñanza privada.
En conclusión, el panorama actual de la Formación Profesional en España sugiere una creciente dependencia del sector privado, lo que podría consolidar una doble vía en la educación. Por un lado, una FP pública que lucha por satisfacer la demanda y, por otro, una oferta privada que monopoliza las titulaciones más demandadas, a menudo a precios inalcanzables para muchas familias. La situación plantea un desafío significativo para el sistema educativo, que deberá encontrar formas de adaptarse y garantizar un acceso equitativo a la formación profesional.
