El 20 de octubre de 2021 se conmemoró el décimo aniversario del anuncio del «cese definitivo de la actividad armada» por parte de ETA, un grupo que durante más de 40 años marcó la vida política en España, especialmente en el País Vasco. La organización, cuyo nombre en euskera significa «País Vasco y libertad», ha sido responsable de numerosas acciones violentas que dejaron 856 muertos y cientos de heridos, lo que la llevó a ser considerada un «grupo terrorista» por diversas autoridades, incluidas las de España, Europa y Estados Unidos.
La historia de ETA se remonta a finales de la década de 1950, cuando un grupo de jóvenes nacionalistas decidió adoptar métodos de «acción directa» para luchar contra el régimen franquista. Fue en 1968 cuando la organización comenzó su camino violento, que se consolidó tras un ataque en Guipúzcoa, donde dos de sus miembros dispararon a un guardia civil. Este episodio marcó el inicio de un periodo de intensa violencia, que alcanzó su punto culminante en 1973 con el atentado contra Luis Carrero Blanco, mano derecha de Franco, que reafirmó la capacidad ofensiva del grupo.
A lo largo de los años, ETA fue ganando notoriedad internacional. Sin embargo, la transición a la democracia en España y el cambio de contexto político llevaron a disensiones internas dentro de la organización. En 1982, algunos miembros optaron por dejar las armas, mientras otros continuaron con la violencia, lo que derivó en un periodo conocido como los «años de plomo». Durante estos años, ETA causó numerosas víctimas y provocó una crisis que finalmente llevó a su debilitamiento.
El escenario cambió drásticamente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que llevaron a un endurecimiento de las leyes contra el terrorismo en España. En 2002, se aprobó la Ley de Partidos Políticos, que permitió la ilegalización de Herri Batasuna, el partido que actuaba como su brazo político. Esta medida debilitó considerablemente la influencia de ETA y limitó su capacidad de operar en el ámbito político.
El giro definitivo ocurrió en octubre de 2011, cuando ETA anunció en un comunicado el «cese total y definitivo de su actividad armada». Este anuncio fue esperado tanto en el País Vasco como en el resto de España, donde la violencia había obstaculizado durante mucho tiempo cualquier intento de avance político. Sin embargo, la salida de ETA no estuvo exenta de controversia. La Asociación de Víctimas del Terrorismo criticó el final de la organización, considerándolo una falta de reconocimiento hacia las víctimas cuyas vidas fueron truncadas por sus acciones.
Desde entonces, el debate se ha centrado en la reparación del daño causado a las víctimas y en la posible concesión de beneficios penitenciarios a los presos de ETA que demuestren arrepentimiento y colaboren con la justicia. Este aspecto ha generado un amplio espectro de reacciones en la sociedad vasca, dividida entre quienes ven en ello un avance y quienes consideran que no es suficiente.
Por su parte, el Gobierno Vasco sigue trabajando en la construcción de un futuro sin violencia, fortaleciendo las instituciones democráticas y promoviendo un diálogo que incluya a todas las partes implicadas. En este contexto, la figura de Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ha cobrado relevancia. Otegi hizo una declaración reciente en la que expresó su pesar por el sufrimiento de las víctimas, generando un debate sobre el reconocimiento del dolor causado por ETA y la necesidad de una reconciliación sincera.
La conmemoración del décimo aniversario del cese de ETA no solo representa una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, sino también para pensar en el futuro del País Vasco. La sociedad debe abordar los retos que aún persisten, como la memoria histórica y la búsqueda de justicia. La paz duradera dependerá de la capacidad de la sociedad vasca para cerrar heridas, reconocer el sufrimiento y trabajar juntos hacia un futuro más inclusivo y pacífico.
