Madrid, 22 de marzo (EFE).- La asociación Dignidad y Justicia ha expresado su desaprobación hacia el Gobierno Vasco y el PSOE por la reciente decisión de otorgar a Soledad Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’, un régimen de semilibertad que le permite salir de prisión de lunes a viernes, aunque con la condición de regresar a dormir a la cárcel. Esta medida ha sido considerada por la asociación como una nueva traición a las víctimas del terrorismo.
La organización sostiene que esta acción es el resultado del pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Bildu que, según ellos, ha permitido que Pedro Sánchez se mantenga en el poder. Además, han afirmado que los terroristas están influyendo en la política penitenciaria del Gobierno Vasco, permitiendo que Iparraguirre obtenga beneficios sin haber mostrado arrepentimiento o colaboración con la justicia.
Dignidad y Justicia ha subrayado que ‘Anboto’ no ha proporcionado información que permita avanzar en la investigación de los crímenes por los que fue condenada. En su opinión, este es un requisito que la ley establece antes de conceder cualquier tipo de beneficio penitenciario, el cual ha sido ignorado por las autoridades.
La asociación también ha recordado que Iparraguirre se encuentra actualmente procesada en varias causas en la Audiencia Nacional, relacionadas con una decena de asesinatos, incluyendo los de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez. Según fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, se ha confirmado la autorización de este régimen, permitiendo a Iparraguirre salir de la prisión de Martutene a partir del lunes 23, aunque no se especifica la fecha exacta de su salida.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá emitir un informe sobre este asunto, el cual no es vinculante, y la decisión final sobre la confirmación del régimen de semilibertad deberá ser tomada por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.
Soledad Iparraguirre fue detenida en 2004 en Francia, junto a Mikel Albisu, conocido como ‘Antza’. En ese momento, se le atribuía la responsabilidad de dirigir la extorsión de la banda terrorista ETA. Tras su detención, fue procesada y condenada a 20 años de prisión por parte de la justicia francesa.
En su primer juicio en España, que tuvo lugar en 2020 después de ser entregada por Francia, recibió una condena de 122 años por el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortiz. Posteriormente, continuó enfrentándose a otros juicios por su implicación en diversos atentados, acumulando más condenas por estos crímenes.
En 2018, Iparraguirre fue una de las voces que anunciaron la disolución de ETA, junto a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como ‘Josu Ternera’. Esta disolución marcó un punto importante en la historia reciente de Euskadi, pero la concesión de su régimen de semilibertad ha reavivado el debate sobre la justicia y el tratamiento de los exmiembros de la organización terrorista.
La decisión del Gobierno Vasco genera un amplio espectro de reacciones en la sociedad, evidenciando las divisiones sobre cómo se debe abordar el pasado violento y el futuro de la convivencia en el País Vasco. La situación resulta especialmente sensible en un contexto donde las víctimas del terrorismo aún reclaman justicia y reconocimiento.
