La designación de Gasteiz-Vitoria como sede del Parlamento y del Gobierno Vasco se formalizó con la firma del entonces presidente, Carlos Garaikoetxea Urriza. Este acto, aunque sencillo en su enunciado, ha sido objeto de debates y tensiones a lo largo de los años, dado que Euskadi, desde el punto de vista jurídico, no tiene una capital definida. La Ley de Sede de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya redacción fue el resultado de diversas disputas y negociaciones, no menciona el concepto de «capital», lo que ha generado un sentimiento de descontento entre los ciudadanos.
El 23 de mayo de este año se cumple el 30º aniversario de esta ley, un hito que Vitoria celebrará con una serie de eventos a lo largo del mes. Estos eventos incluirán una reunión de alcaldes europeos y de Iberoamérica, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea. La ciudad aspira a conseguir un reconocimiento legal más explícito de su estatus como capital institucional del País Vasco.
A pesar de ser sede de diversas instituciones, la falta de estudios sobre el impacto económico y social de esta condición es notable. Desde 1980, no se ha realizado un análisis que cuantifique lo que la ciudad recibe o pierde por su estatus de capital. En 2008, se acordó llevar a cabo un estudio, pero fue solo recientemente, en medio de un nuevo debate sobre la capitalidad, que se reactivó la iniciativa. Este análisis, impulsado por la Universidad del País Vasco, se espera que esté listo a finales de año y tiene como objetivo evaluar aspectos económicos y de imagen de la ciudad.
El debate sobre la capitalidad de Vitoria incomoda a los partidos políticos, que deben enfrentarse a la percepción pública sobre los beneficios y desventajas de esta situación. Por un lado, algunos argumentan que la presencia del nombre de la ciudad en los medios de comunicación fortalece su proyección exterior, mientras que otros critican el aumento de los precios de la vivienda y las protestas que a menudo se concentran en sus sedes oficiales.
Ante la falta de consenso entre los partidos, el actual alcalde, Patxi Lazcoz, ha optado por fomentar la identificación ciudadana con la capitalidad, tarea en la que lleva tres años trabajando. Lazcoz, al presentar los actos del aniversario, se mostró firme en su postura de mantener la celebración, a pesar de las críticas y tensiones con otros municipios, como Bilbao, que han rebajado la concepción de Vitoria a mera «sede» de servicios comunes.
El autor de la ley de 1980, Carlos Garaikoetxea, ha comentado que el debate actual refleja «una visión localista, desafortunada» que podría suscitar agravios y sensibilidades provinciales. Desde su perspectiva, la decisión de ubicar las instituciones en Vitoria buscaba no solo evitar que Pamplona, capital del Reino de Navarra, se consolidara como el centro político, sino también promover un sentimiento de pertenencia en Álava y mejorar la imagen de la ciudad en general.
En este contexto, Garaikoetxea sostiene que, tras tres décadas, Vitoria ha ganado en prestigio y notoriedad política, y considera que no es necesario realizar ninguna modificación en la ley actual. Por su parte, desde el Gobierno Vasco se coincide en que la inclusión del término «capital» no añade valor a la situación, señalando que la simple referencia a la ciudad ya es suficiente.
A medida que la iniciativa sobre la capitalidad avanza hacia el Parlamento, se plantea si realmente verá la luz en un año electoral. La posibilidad de que los partidos que apoyaron la propuesta en el Ayuntamiento, como el PSE y el PNV, la tramiten sigue en el aire. Una solución rápida podría ser añadir una breve redacción a la ley de Sede que reconozca a Vitoria como capital del País Vasco, aunque los efectos prácticos de tal declaración aún queden por definir.
En definitiva, la celebración del 30º aniversario de la ley de Sede plantea preguntas sobre la identidad y el futuro de Vitoria como capital institucional. Mientras la ciudad se prepara para festejar, el debate sobre su estatus sigue presente en la agenda política, buscando un consenso que aún parece esquivo.
