El colectivo de víctimas Covite ha denunciado la reciente concesión de un tercer grado al miembro de ETA, Asier Arzalluz Goñi, quien cumple condena por varios delitos, incluyendo el asesinato de José Luis López de Lacalle y la remisión de una carta bomba a Marisa Guerrero, exdelegada de Antena 3 en Euskadi. Esta decisión se produce solo una semana después de que se aplicara el artículo 100.2 a ‘Txeroki’. Según Covite, esto evidencia que la política penitenciaria del Gobierno Vasco respecto a los presos de ETA avanza sin frenos, alineándose con la posición de la izquierda abertzale, que busca flexibilizar las penas sin demandar un arrepentimiento genuino, como estipula la ley.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado las declaraciones de la consejera María Ubarretxena sobre la legalidad de estas decisiones. Ordóñez explicó que, aunque la ley permite conceder beneficios, también permite su denegación. «La ley no requiere la concesión de terceros grados ni del artículo 100.2; simplemente dice que puede hacerse», afirmó. Este argumento pone de relieve que, en su opinión, el marco legal actual podría ser utilizado para no otorgar estos beneficios, especialmente cuando no hay un mínimo gesto de arrepentimiento ni una desvinculación del entorno político que justifica los actos de ETA.
Además, Ordóñez considera que el verdadero inconveniente no es la existencia de la norma, sino la interpretación que se hace de su elemento crucial: el arrepentimiento. «Se está vaciando de contenido este requisito esencial que la ley establece para acceder a un grado superior. Aunque se cumpla de manera formal con la legalidad, se pervierte su finalidad de garantizar un arrepentimiento auténtico, necesario para la reinserción de los penados», subrayó. En este sentido, indicó que solo a través de un arrepentimiento sincero y la deslegitimación pública del terrorismo se puede creer en la reinserción de los reclusos.
La presidenta de Covite también señaló que el arrepentimiento debería tener consecuencias tangibles. «Lo que se observa diariamente es que la izquierda abertzale sigue considerando a muchos de los presos de ETA como ‘presos políticos’ y los presenta como héroes», denunció. Esta percepción genera un debate sobre la efectividad de las medidas de reinserción y la verdadera intención detrás de la flexibilización de las penas a ciertos convictos.
La situación actual plantea interrogantes sobre la política penitenciaria del Gobierno Vasco y su impacto en la sociedad. El colectivo de víctimas se muestra firme en la necesidad de que las decisiones en materia de penas reflejen no solo el cumplimiento de la ley, sino también un sentido de justicia y reconocimiento de las víctimas. En el contexto del conflicto vasco, estas concesiones podrían ser vistas como un paso atrás en la lucha por la verdad y la memoria de aquellos que sufrieron a manos del terrorismo.
Covite sigue abogando por una interpretación más estricta de las leyes penitenciarias, insistiendo en que se debe priorizar el arrepentimiento real y la desvinculación del entorno abertzale. La organización sostiene que otorgar beneficios penitenciarios a quienes no han mostrado un compromiso genuino con la reinserción solo perpetúa un ciclo de impunidad y dolor para las víctimas. En este sentido, se plantea un dilema sobre cómo equilibrar la legalidad con la ética en la aplicación de la justicia en el País Vasco.
