El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha expresado su desacuerdo con la reciente concesión de grados penitenciarios a los miembros de ETA, Arkaitz Agirregabiria del Barrio y Jon González González, a quienes considera que no muestran arrepentimiento por sus acciones. Según esta organización, la decisión forma parte de una política penitenciaria que, según ellos, está influenciada por la izquierda abertzale, buscando vaciar las cárceles de etarras sin cumplir con el requisito legal del arrepentimiento para acceder a estos beneficios.
En un comunicado oficial, Covite ha señalado que ambos presos continúan estrechamente relacionados con la izquierda abertzale y son visibles en actos organizados por entidades como Sare y Etxerat. De hecho, han revelado que aparecen en una lista actualizada de presos de ETA vinculados a Sortu, que son considerados como presos políticos. La organización ha indicado que la progresión en el régimen penitenciario de estos individuos se basa en cartas manuscritas donde expresan un reconocimiento genérico del daño causado y un compromiso con métodos pacíficos, aunque estas declaraciones son consideradas por Covite como poco creíbles sin pruebas concretas que las respalden.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado que los documentos presentados por los presos carecen de los “signos inequívocos de arrepentimiento” exigidos por el artículo 90 del Código Penal. A su juicio, las fórmulas retóricas no deben sustituir a los hechos y ha subrayado que el verdadero arrepentimiento implica una ruptura con los entornos que justifican públicamente la historia criminal de ETA.
Ordóñez ha afirmado que «no se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido», haciendo énfasis en que esta contradicción ha sido recordada por quienes defienden esa ideología. Covite sostiene que la forma de comprobar la sinceridad del arrepentimiento es simple: los presos verdaderamente arrepentidos se separan de los círculos de la izquierda abertzale, tal como ocurrió en el caso del fallecido Iván Apaolaza.
En sus declaraciones, Ordóñez ha cuestionado por qué las cartas de arrepentimiento no son dirigidas a las familias de las víctimas, sugiriendo que su existencia y contenido deberían ser más accesibles. “Es una burla a la ley y un insulto a las víctimas”, ha declarado. La crítica se extiende a la falta de transparencia por parte del Gobierno Vasco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que son las instituciones encargadas de supervisar estos casos y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas.
Covite ha denunciado que el Ejecutivo vasco ha mostrado una “falta de transparencia” en relación con las concesiones de beneficios penitenciarios, a pesar de que la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, había prometido mejorar la información proporcionada a las víctimas durante un evento organizado por la AVT en noviembre. A la organización le preocupa que el Gobierno no haya facilitado información sobre cuántos presos de ETA han recibido beneficios bajo el artículo 117 del Reglamento Penitenciario, el cual permite a ciertos reclusos acceder a condiciones de grado superior.
Esta negativa a proporcionar datos no es un hecho aislado. Covite ha resaltado que es inaceptable que la administración no brinde información relevante sobre decisiones que afectan directamente a las víctimas. “No se puede hablar de transparencia mientras se oculta información relevante sobre decisiones penitenciarias que afectan directamente al derecho de las víctimas a la justicia”, reiteró Ordóñez.
Finalmente, la organización ha criticado que el gobierno de Imanol Pradales no ofrezca detalles sobre los destinos laborales o formativos de los presos que han recibido beneficios penitenciarios, incluso cuando existen órdenes de alejamiento hacia sus víctimas. “Las víctimas tenemos derecho a saber dónde van a trabajar estos presos”, concluyeron, enfatizando que la falta de transparencia constituye una violación directa de sus derechos.
