El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ha anunciado este miércoles su renuncia al acta de diputado tras pasar dos meses en prisión provisional. Lo ha hecho a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde asegura que deja el escaño para centrarse en la defensa de su inocencia, aunque no sin cargar contra la Mesa del Congreso por la forma en que, a su juicio, ha gestionado su situación parlamentaria.
Ábalos se encuentra en prisión a la espera de juicio por su presunta implicación en una trama de comisiones ilegales vinculadas a la compra de mascarillas durante la pandemia de la Covid-19, una causa en la que también está investigado y encarcelado su exasesor y hombre de confianza, Koldo García. El Tribunal Supremo mantiene la medida al apreciar un riesgo extremo de fuga.
La renuncia llega después de meses de resistencia por parte del exdirigente socialista, que había mantenido su escaño incluso tras la apertura de un expediente interno en su partido y la exigencia de dimisión planteada tras la detención de García, en febrero de 2024. Casi dos años después, y con el juicio oral ya en el horizonte, Ábalos ha decidido dar el paso.
Una renuncia efectiva y con efectos inmediatos
Fuentes de la Mesa del Congreso confirman que la Cámara Baja ha recibido formalmente la renuncia y la ha validado mediante una reunión telemática, por lo que la salida de Ábalos es efectiva desde este mismo miércoles. A continuación, se ha informado a la Junta Electoral Central para que active el relevo correspondiente en la lista del PSOE por la provincia de Valencia presentada en las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
El escaño será ocupado, salvo cambios de última hora, por Ana María González Herdaro, alcaldesa de Llaurí (Valencia), siguiente en la candidatura socialista, que fue condenada en 2021 por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol.
La incógnita de la indemnización como exdiputado
Uno de los efectos inmediatos de la renuncia es la apertura de un debate jurídico en el Congreso sobre si Ábalos tiene derecho o no a percibir la indemnización prevista para los exdiputados. Desde que el auto de procesamiento contra él fue declarado firme —cuando ya se encontraba en prisión—, estaba suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios, incluida la percepción de su salario.
Fuentes parlamentarias apuntan a que esa suspensión podría impedir también el cobro de la indemnización, a diferencia de lo ocurrido con Santos Cerdán, que dejó su escaño antes de ingresar en prisión y sí percibió la compensación correspondiente. Los servicios jurídicos de la Cámara estudian ahora qué criterio debe prevalecer.
#EnElNombreDeÁbalos | Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi Recurso de Apelación contra el Auto de Prisión, hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València, dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a… pic.twitter.com/GDYjUyHRjm
— EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) January 28, 2026
Críticas a la Mesa del Congreso
En su comunicado, publicado en su cuenta personal de X —rebautizada como En el nombre de Ábalos desde su ingreso en prisión—, el exministro acusa a la Mesa del Congreso de haber actuado con «prisas» al suspender sus derechos como diputado. Según sostiene, esa decisión no habría respetado plenamente el derecho de representación política recogido en el artículo 23 de la Constitución.
Ábalos invoca la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque el Reglamento del Congreso establece de forma explícita la suspensión de los parlamentarios cuando, tras un suplicatorio aprobado, existe un auto de procesamiento firme y prisión preventiva, circunstancias que concurrían en su caso.
«Estas y no otras han sido las razones por las que hasta hoy he mantenido mi acta, que entiendo que no puedo sostener en mi actual situación procesal», escribe el exdirigente socialista, que afirma volcar ahora toda su actividad en ejercer su derecho de defensa.
Dos causas judiciales, dos tribunales
La renuncia al acta tiene también consecuencias judiciales. Ábalos será juzgado en el Tribunal Supremo por la causa relacionada con la compra de mascarillas, donde ya se ha acordado la apertura de juicio oral. Sin embargo, la investigación sobre su presunta implicación en posibles mordidas por adjudicaciones de obra pública —una pieza que afecta también a Santos Cerdán, su sucesor en la Secretaría de Organización del PSOE— pasará previsiblemente a la Audiencia Nacional.
En su mensaje final, Ábalos apela al respeto a los procedimientos legales como garantía del Estado de derecho y subraya que la presunción de inocencia debe amparar a todos los ciudadanos, mientras se acerca el momento de rendir cuentas ante los tribunales.
