El proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi, que abarca un recorrido de 172 kilómetros, ha generado un intenso debate desde su inicio en los años 90. Este plan ha enfrentado una serie de críticas y protestas, tanto por su elevado coste como por los impactos que podría tener en las comunidades locales. A pesar del respaldo de los sucesivos Gobiernos de Euskadi, los opositores, liderados principalmente por la coalición EH Bildu, han elevado su voz, argumentando en contra de la viabilidad y la necesidad del proyecto.
La oposición ha utilizado el TAV como una herramienta política, con constantes manifestaciones y carteles en las calles en los que se expresan consignas en contra de la alta velocidad. En este contexto, el anuncio de una inversión de 12 millones de euros para el trazado que atraviesa Gipuzkoa ha suscitado aún más críticas. Estos fondos están destinados a la obra civil, que está bajo la gestión del Gobierno Vasco, mientras que la conexión con Francia sigue siendo un tema pendiente.
EH Bildu considera que es inadmisible destinar tales cantidades a una infraestructura que, según argumentan, tiene un carácter antisocial. Durante el año 2013, la coalición presentó una proposición en el Parlamento exigiendo que no se destinaran recursos a la Y vasca, aunque no logró el apoyo necesario para llevar a cabo su propuesta. En marzo, los demás partidos políticos, incluyendo PNV, PSE, PP y UPyD, acordaron instar al Gobierno central a acelerar las obras del TAV en Bizkaia y Álava.
El estado actual de las obras es un reflejo de las dificultades que ha enfrentado el proyecto. En Gipuzkoa, el trazado está dividido en 19 tramos, de los cuales 17 están en proceso de ejecución, y dos ya han finalizado. Entre las obras completadas se encuentran los tramos de Beasain Este y Ordizia-Itsasondo. Sin embargo, aún quedan pendientes de licitación dos tramos clave: Astigarraga y Lezo, cuya finalización está prevista para 2016.
La crisis económica ha complicado aún más la situación, provocando retrasos y ajustes en los presupuestos asignados. Según fuentes de Euskal Trenbide Sarea (ETS), hasta julio de 2013 se había certificado un 55,68% del presupuesto total para el trazado en Gipuzkoa, que asciende a 1.711,59 millones de euros. A pesar de los desafíos, la consejera María Ubarretxena ha mantenido que los tramos del TAV deben avanzar, aunque el Gobierno central aún debe asumir la superestructura, que incluye las vías y la señalización.
Un punto crítico en el avance del proyecto es el nudo de Bergara, que será la intersección de los dos ramales del TAV. Este tramo aún no ha sido licitado, lo que genera incertidumbre sobre el futuro del trazado. Además, la conexión con otros puntos clave como Navarra y Madrid depende también del Gobierno central, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la viabilidad del proyecto en su conjunto.
El rechazo a la unión con Castilla y León mediante el tercer hilo ha sido otra de las posturas de la consejera Oregi, quien ha señalado que esto podría aumentar significativamente los tiempos de viaje. Por si fuera poco, Francia ha postergado hasta 2030 la construcción de nuevas líneas de alta velocidad, afectando también la conexión con Euskadi.
En resumen, el futuro del TAV en Euskadi está marcado por la controversia y la incertidumbre. Con numerosas voces en contra, el proyecto continúa siendo objeto de debate, y cada avance o retraso solo alimenta las críticas sobre su idoneidad. La situación actual sugiere que, a pesar del respaldo institucional, el TAV enfrenta múltiples obstáculos que podrían afectar su implementación y la percepción pública de su necesidad.
