Un nuevo capítulo de enfrentamiento político ha surgido entre el Gobierno Vasco y la principal fuerza de la oposición, en un contexto marcado por la reciente polémica relacionada con los campamentos infantiles. Este choque se produce en medio de la preocupación por la falta de controles en estos espacios, lo que ha llevado a recriminaciones entre el PNV, el PSE-EE y EH Bildu. El escándalo de Bernedo, que aún resuena en la memoria colectiva, ha intensificado las acusaciones. Ambas formaciones critican a la coalición soberanista por un movimiento parlamentario que, según ellos, compromete la implementación de nuevas medidas de vigilancia previstas para este verano.
En vista de la situación, se han planteado reformas a la Ley de Juventud, aprobada hace cuatro años, que aún no ha sido desarrollada por el Ejecutivo. Los grupos parlamentarios del PNV y el PSE-EE han registrado una reforma destinada a acelerar la tramitación de nuevas medidas, pero este proceso ha sido obstaculizado debido a la falta de acuerdo en la Mesa del Parlamento. El plan incluye aspectos fundamentales como la obligación de que los organizadores presenten una declaración responsable ante la Diputación y la necesidad de autorización expresa para la celebración de los campamentos. Adicionalmente, los monitores deben demostrar que no tienen antecedentes penales, con sanciones que van de 900 a 45.000 euros por incumplimiento.
Para hacer frente a la dilatación del proceso legislativo, el Gobierno Vasco, liderado por Imanol Pradales, ha optado por implementar un ‘plan B’, que consiste en la inclusión de las medidas en un decreto. Sin embargo, la pugna entre los partidos se intensifica, con el PNV acusando a EH Bildu de intentar dificultar el refuerzo de los controles, insinuando motivaciones ocultas detrás de su oposición. Ramiro González, diputado general de Álava, ha llegado a señalar que EH Bildu está protegiendo a los organizadores de los polémicos udalekus de Bernedo, que han sido objeto de múltiples denuncias por presuntos delitos de naturaleza sexual contra menores.
En una intervención reciente en San Sebastián, la representante de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha responsabilizado directamente al Ejecutivo de cualquier retraso en la implementación de las reformas. Ha subrayado que la Ley de Juventud, que se pretende modificar, fue aprobada en 2022 y desde entonces no ha tenido desarrollo a través de un decreto. La parlamentaria ha manifestado que la falta de regulación en este sector es consecuencia de la inacción del Gobierno Vasco, acusándolo de desplazar la responsabilidad hacia otros grupos políticos.
La postura del grupo parlamentario de EH Bildu, dirigido por Pello Otxandiano, es clara: considera que en lugar de apresurarse a presentar una proposición, el Gobierno debería haber elaborado un proyecto de ley completo y con todos los informes necesarios. Otxandiano ha criticado la elección de un «atajo» en el proceso legislativo, argumentando que tratar un tema tan importante de manera precipitada es una irresponsabilidad. La coalición ha expresado su disposición a discutir la reforma, pero ha denunciado la forma «miserable» en que se está llevando a cabo el debate político, acusando de sensacionalismo a quienes intentan sacar rédito político de la situación.
Este conflicto pone de relieve la dificultad de alcanzar consensos en temas sensibles como la regulación de los campamentos infantiles, especialmente en un contexto donde la seguridad de los menores es una prioridad. La falta de acuerdos y la lentitud en la implementación de medidas efectivas pueden tener repercusiones significativas para la confianza de las familias en estos espacios, lo que justifica la urgencia en la aprobación de reformas que aseguren un entorno seguro y regulado. Con la llegada del verano, se espera que los partidos políticos intensifiquen sus negociaciones para lograr una solución que garantice la protección de los menores en Gipuzkoa y el resto del País Vasco.
