El debate sobre la publicación del origen de los detenidos está generando controversia en diversos municipios de Gipuzkoa. Este tema ha cobrado relevancia en localidades como Bilbao y Barakaldo, donde se han tomado decisiones divergentes respecto a la política del Gobierno Vasco en este ámbito. Mientras que la Ertzaintza ya divulga esta información, algunas administraciones locales están considerando si seguir este ejemplo o no.
Por un lado, tanto Basauri como Durango han optado por revelar la nacionalidad de individuos arrestados, alineándose con la propuesta de Sabin Etxea. El Ayuntamiento de Basauri, gobernado en coalición por el PNV y el PSE, argumenta que hacer públicos estos datos es esencial para fomentar la transparencia y combatir rumores infundados. En Durango, la postura es similar, y el equipo de gobierno también ha manifestado que se informará sobre el origen de los delincuentes en las intervenciones policiales.
Sin embargo, otros municipios como Leioa y Erandio han decidido no adoptar esta política. Ambos consistorios mantienen que no es necesario proporcionar información sobre la nacionalidad de los detenidos, argumentando que su enfoque actual es suficiente. Esta disparidad en las decisiones refleja la diversidad de opiniones y enfoques que existen entre las administraciones locales en relación con la seguridad y la transparencia.
En Amorebieta, la alcaldesa Ainhoa Salterain también ha expresado su opinión sobre el tema. Para ella, el origen de los detenidos es un «dato estadístico más», comparable a la edad o el sexo. Salterain ha subrayado que el problema no radica en la información en sí, sino en la interpretación que se le dé. Por su parte, en Santurtzi, aunque no se divulga esta información, se recuerda que el EBB ha acordado que aquellos municipios gobernados por el PNV deberían hacerlo.
La situación en Getxo es diferente, ya que su administración está en proceso de deliberación sobre si seguir la directriz del Gobierno Vasco. El área de Seguridad, encabezada por el PNV, aún está evaluando cómo proceder con respecto a la publicación de estos datos. Este retraso en la toma de decisiones contrasta con la rapidez con que otros municipios han adoptado su postura.
La cuestión del origen de los detenidos no solo se limita a un debate técnico, sino que también toca fibras sensibles en la sociedad. Algunos expertos advierten que la revelación de esta información puede generar estigmas o prejuicios hacia ciertos grupos, lo que podría tener repercusiones en la cohesión social. En este sentido, resulta crucial que los ayuntamientos consideren las implicaciones éticas de sus decisiones.
En conclusión, la diversidad de posturas entre los municipios vascos pone de manifiesto la complejidad del debate sobre la publicación del origen de los detenidos. Mientras que algunos optan por la transparencia y la información, otros prefieren mantener un enfoque más reservado. Este tema seguirá siendo objeto de discusión en la política local, ya que las decisiones tomadas por los ayuntamientos pueden influir en la percepción pública de la seguridad y la justicia en Gipuzkoa.
