Asier Aranbarri, quien fue alcalde de Azkoitia desde 2003 hasta 2011, podrá continuar desempeñando su función como asesor del Gobierno Vasco a pesar de estar imputado por un supuesto delito relacionado con la ordenación del territorio y el medio ambiente. La decisión fue adoptada de manera unánime por la Comisión de Ética Pública del Ejecutivo, que considera que la citación judicial no le inhabilita para seguir en su cargo «en materia de modernización» del Departamento de Administración Pública y Justicia, dirigido por Josu Erkoreka.
La imputación de Aranbarri proviene de una investigación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia, que examina ciertas transacciones de adquisición de terrenos, incluyendo un antiguo vertedero, que fueron aprobadas en 2008 cuando él era el presidente de la sociedad pública Azkoitia Lantzen. En aquel momento, Aranbarri ocupaba la alcaldía de la localidad.
La Comisión de Ética ha indicado que Aranbarri «debe seguir colaborando» con la Justicia, cumpliendo puntualmente con los requerimientos que le correspondan como imputado. En su resolución, la Comisión subraya que, a la luz de las circunstancias que rodean su imputación, el asesor puede mantenerse en su cargo hasta que, en su caso, un juez o tribunal determine la apertura del juicio oral. En caso de que esto ocurra, se recomendaría su cese cautelar.
Desde la llegada de Urkullu al Gobierno Vasco en diciembre de 2012, se instituyó la Comisión Ética con el propósito de «recuperar el sentido ético de la política y de restablecer la confianza de la ciudadanía». Este organismo, encabezado por el consejero Erkoreka, ha tomado decisiones en situaciones similares, como la que permitió que Ángel Toña fuese nombrado responsable de Asuntos Sociales y Empleo, a pesar de haber sido inhabilitado previamente como administrador concursal.
La Comisión ha aclarado que Aranbarri no está siendo investigado por acciones realizadas a título personal, sino por su rol como presidente del consejo de administración de una entidad pública. En 2008, Azkoitia Lantzen formalizó un contrato para la compra de terrenos en diferentes áreas urbanísticas. Un informe del Tribunal Vasco de Cuentas de 2010 reveló que la sociedad había cerrado acuerdos de enajenación por un valor de 10 millones de euros sin contar con los informes necesarios que justificaran dichas operaciones.
Aranbarri ha llevado su situación ante la Comisión Ética a mediados de mayo, coincidiendo con las elecciones municipales, tras un mensaje emitido por EH Bildu. En su defensa, el exalcalde sostiene que su imputación se debe al «clima político especialmente enrarecido» en Azkoitia desde la llegada de Bildu al poder en 2011, que ha promovido la «judicialización de la vida municipal» con el objetivo de cuestionar decisiones de administraciones anteriores.
El exalcalde argumenta que el partido abertzale ha procurado su «estigmatización social y política» a través de la vía penal tras el fracaso de intentos previos con el Tribunal de Cuentas. Además, cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que afirma que «el único y exclusivo responsable medioambiental del antiguo vertedero es la empresa privada y en ningún caso la entidad pública» que él presidía como alcalde.
El informe de la Comisión Ética, al que ha tenido acceso EL PAÍS, concluye que el asunto que involucra a Aranbarri «no denota, al menos hasta el momento, la existencia de un ámbito de responsabilidad penal que resulte clara y directamente imputable al interesado». Resalta que el exalcalde «no ha sido llamado a declarar por actos llevados a cabo a título personal, sino por su condición de presidente del consejo de administración de una sociedad municipal», un cargo que asumió no por elección personal, sino por ser el alcalde de Azkoitia.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de la política en Euskadi y cómo las imputaciones pueden influir en la carrera de figuras públicas. La resolución de este tema será crucial no solo para Aranbarri, sino también para el Gobierno Vasco, que busca mantener la confianza de la ciudadanía en un entorno político cada vez más tenso.
