El recluso de ETA, Ángel Tellería Uriarte, ha sido autorizado a disfrutar de un régimen de semilibertad a partir de este lunes, con el fin de seguir un «tratamiento asistencial». Esta decisión ha sido tomada por el Gobierno Vasco en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite una mayor flexibilidad en el cumplimiento de las condenas. De esta manera, Tellería podrá salir del centro penitenciario de Zaballa, en Álava, de lunes a viernes, aunque deberá regresar a la cárcel por las noches. Con su caso, ya son 19 los presos de ETA que se encuentran en esta situación de semilibertad.
La resolución ha suscitado una fuerte reacción por parte del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que ha criticado la medida asegurando que representa “un nuevo fraude en la ejecución de las condenas a los presos de ETA”. El colectivo ha manifestado en un comunicado que el uso reiterado del artículo 100.2 está «desvirtuando tanto el carácter excepcional de esta medida como el requisito legal del arrepentimiento».
Por su parte, el Partido Popular del País Vasco también ha expresado su descontento. El presidente de la formación en la comunidad, Javier de Andrés, ha declarado en una rueda de prensa celebrada en Bilbao que “nadie puede creer casual ni justo que el 85% de los casos en los que se ha aplicado esta figura haya sido en beneficio del 8% de la población reclusa”, refiriéndose a los miembros de ETA, quienes, según él, son los criminales con las penas más largas y graves.
Tellería, quien permanece en segundo grado penitenciario aunque con condiciones más flexibles, se unió a ETA en 1972 y fue miembro del ‘comando Txabi Etxebarrieta’ desde 1974. Este grupo fue responsable de varios atentados, incluyendo la colocación de explosivos en la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Erandio y en la Oficina del DNI en Bilbao, así como la instalación de una ‘ikurriña-trampa’ en Arrigorriaga.
En 1980, Tellería huyó a Francia, pero regresó a España como parte del ‘comando Goierri Kosta’, que participó en el atentado contra el bar Haizea de Zarautz, donde cinco personas perdieron la vida, entre ellas cuatro agentes de la Guardia Civil. Al año siguiente, en junio de 1981, fue sorprendido en una operación policial en Zarautz; durante esa intervención, el comando al que pertenecía asesinó a la inspectora María Josefa García Sánchez, quien se convirtió en la primera mujer de la Policía muerta a manos de ETA en acto de servicio.
El historial delictivo de Tellería incluye un ataque en octubre de 1982 contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Leiza, Navarra, donde resultó muerto Gregorio Hernández Corchete, quien estaba renovando su licencia de caza, y dos guardias civiles resultaron heridos. Después de estos acontecimientos, Tellería volvió a huir a Francia y posteriormente se refugió en México. En 2017, fue detenido en León-Guanajuato, México, gracias a una operación conjunta entre el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de México y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional española.
La concesión de semilibertad a Tellería ha encendido un debate sobre la gestión de los presos de ETA y las medidas penitenciarias en el contexto actual. La situación pone de relieve la tensión entre el derecho a la reintegración de los reclusos y las preocupaciones de las víctimas del terrorismo. Este dilema sigue siendo un tema candente en la política del País Vasco, donde se requieren enfoques equilibrados que respeten tanto el bienestar de la sociedad como los derechos de los presos.
