Pedro Sánchez ha presentado este martes en el World Governments Summit de Dubái un paquete de cinco actuaciones con las que el Gobierno pretende frenar lo que ha calificado como los abusos de las grandes plataformas digitales. «Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos», ha afirmado el presidente, que ha adelantado que las medidas comenzarán a tramitarse la próxima semana, aunque sin precisar el instrumento normativo ni el calendario concreto de cada una de ellas.
La primera de las propuestas pasa por modificar la legislación para que los directivos de las plataformas asuman responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales. Actualmente, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea exige obligaciones a las grandes tecnológicas —X acaba de ser multada con 120 millones de euros por incumplir normas de transparencia publicitaria—, pero la novedad anunciada por Sánchez consiste en trasladar esa responsabilidad directamente a los consejeros delegados.
Nuevo delito por manipulación de algoritmos y «huella de odio»
El presidente ha anunciado también que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales. «Se acabó ocultarse bajo el código y decir que la tecnología es neutra», ha advertido, sin detallar qué conductas concretas quedarán incluidas en el tipo penal. El anuncio coincide con el registro que la Fiscalía de París está realizando este mismo martes en las oficinas de X en Francia y con la citación a Elon Musk para declarar precisamente por manipulación algorítmica.
Otra de las medidas consiste en implantar una «huella de odio y polarización», un sistema que cuantificará cómo las plataformas alimentan la división y que servirá de base para futuras sanciones económicas y legales. Sánchez ha insistido en que difundir odio «tiene que tener un coste legal, económico y ético».
En cuanto a la protección de los menores, el Gobierno reforzará la prohibición de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, obligando a las plataformas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. La medida ya figura en el proyecto de ley de protección de menores en entornos digitales que se tramita en el Congreso y sigue la línea adoptada por países como Portugal y Francia.
Por último, Sánchez ha avanzado que el Ejecutivo colaborará con la Fiscalía para investigar y perseguir delitos cometidos a través de Grok —la inteligencia artificial de X—, TikTok e Instagram. El Ministerio de Juventud e Infancia ya trasladó hace semanas un escrito al Ministerio Público para que examine si X, mediante Grok, ha incurrido en difusión de material de violencia sexual contra menores, después de que la herramienta generara más de tres millones de imágenes sexualizadas, algunas de ellas de niños. La Comisión Europea mantiene abierta una investigación al respecto.
El presidente ha reconocido que ninguna de estas medidas puede aplicarse de forma aislada y ha anunciado la creación de una coalición con otros cinco países europeos —a los que ha denominado «digitalmente dispuestos»— para coordinar una regulación más estricta. La primera reunión tendrá lugar en los próximos días. Con todo, la minoría parlamentaria del Gobierno en el Congreso añade incertidumbre sobre la viabilidad de las propuestas que requieran respaldo legislativo.
