Un total de 112 de los 119 reclusos pertenecientes a ETA que se encuentran en prisiones vascas han obtenido beneficios penitenciarios. A los 111 que ya reconoció el Gobierno Vasco a finales de 2025, se suma ahora el famoso líder de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como Txeroki, quien ha sido liberado en régimen de semilibertad este lunes. Sus condenas suman cerca de 400 años de cárcel, lo que ha generado una gran polémica y ha sido calificado por algunos como «la foto de la vergüenza».
Desde que el Gobierno Vasco, liderado por Imanol Pradales (del PNV), asumió la gestión de las prisiones en octubre de 2021, se han otorgado 111 terceros grados a miembros de ETA. Este régimen de semilibertad implica que los reclusos solo deben presentarse en la cárcel para dormir durante la semana, disfrutando de libertad el resto del tiempo.
La información fue proporcionada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José López, en respuesta a una pregunta planteada por la diputada de Vox, Amaia Martínez, en el Parlamento Vasco. Desde 2022, el Ejecutivo ha concedido beneficios a más de una treintena de reclusos, continuando con la tendencia en 2023 y 2024, aunque muchas de estas decisiones han sido recurridas por la Fiscalía, lo que ha llevado a la revocación de algunas concesiones.
Las víctimas del terrorismo han expresado su rechazo a cada una de estas concesiones, especialmente aquellas basadas en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que también permite la semilibertad. Este artículo se aplica de manera excepcional y ha sido denunciado como un medio para facilitar la salida de los reclusos sin cumplir con los requisitos de arrepentimiento y desvinculación de la izquierda abertzale.
De los 119 internos en cárceles vascas, 104 son hombres y 15 mujeres, distribuidos en los centros penitenciarios de Álava, Martutene (Gipuzkoa) y Basauri (Bizkaia). La reciente concesión a Txeroki ha intensificado la discusión sobre la política penitenciaria del Gobierno Vasco, siendo considerada por muchos como un requisito pendiente de ETA: el «vaciamiento de las cárceles».
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado que esta política no solo es incompatible con los derechos de las víctimas, sino que también representa lo que ellos definen como «una amnistía encubierta». Esta opinión se ve reforzada por las palabras de Consuelo Ordóñez, presidente de Covite, quien advierte que el artículo 100.2 se está utilizando sistemáticamente para facilitar el cumplimiento de las penas de los etarras.
Por su parte, el diputado de Vox, Francisco Javier Alcaraz, no ocultó su indignación al ver a Txeroki salir de prisión. Alcaraz, quien se involucró en la política tras el asesinato de su hermano por parte de ETA, criticó al Gobierno por lo que considera una traición hacia las víctimas, subrayando que «la impunidad de los asesinos de ETA se debe a los Gobiernos socialistas».
Txeroki, responsable de múltiples delitos, acumula condenas por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa, además de otros crímenes relacionados con el terrorismo. Su liberación ha sido vista como un golpe bajo por parte de las víctimas y sus familias, quienes siguen clamando por justicia. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también ha criticado la legislación actual, afirmando que «deja atrás a las víctimas».
A medida que la situación avanza, las voces que piden una revisión de la política penitenciaria continúan creciendo. La preocupación por la aplicación del artículo 100.2 y su interpretación se torna central en un debate que parece lejos de resolverse, mientras los familiares de las víctimas siguen esperando respuestas y justicia en un contexto que, según muchos, se siente cada vez más injusto.
