Un tribunal de Instancia en San Sebastián ha decidido anular la obligación de poseer el PL-1 de euskera para participar en la convocatoria de 15 plazas de limpiadoras en residencias, organizada por el ente autónomo Kabia de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta sentencia responde a un recurso presentado por una persona afectada, quien cuestionaba las bases de la convocatoria.
La resolución judicial valida parcialmente el recurso, argumentando que los requisitos de euskera establecidos no se ajustan a derecho. En este sentido, el fallo subraya que las condiciones impuestas «reducen significativamente las posibilidades de acceso al empleo público» para los aspirantes que no dominen el idioma.
El tribunal señala que la convocatoria de Kabia no garantizó el «equilibrio necesario» entre el deber de facilitar la atención en euskera y el derecho de los aspirantes a participar en igualdad de condiciones. Destaca que exigir el perfil lingüístico como requisito para 11 de las 15 plazas limita de forma desproporcionada la participación de quienes solo hablan castellano, impidiendo que estos puedan optar a la mayoría de las oportunidades disponibles.
La sentencia también menciona que el porcentaje de plazas en las que se requiere un nivel de euskera específico es del 73,33%, superando el índice obligatorio del 63,19% establecido por la propia diputación. Esta discrepancia se considera una vulneración del derecho de la persona recurrente a participar en la convocatoria en condiciones equitativas.
El sindicato Comisiones Obreras ha reaccionado a esta sentencia, explicando que las trabajadoras implicadas no necesariamente interactúan con otros ciudadanos en el desarrollo de sus funciones. También han señalado que muchas de estas trabajadoras llevan años en la residencia con contratos temporales y carecen de la oportunidad de estudiar euskera durante su jornada laboral debido a su condición de personal interino.
En su comunicado, CCOO defiende que los derechos lingüísticos y laborales pueden coexistir de manera equilibrada, respetando las proporciones sociolingüísticas. Además, el sindicato denuncia la tendencia de algunas administraciones a ignorar la normativa lingüística del Gobierno Vasco y los derechos laborales de los trabajadores.
El sindicato critica que las administraciones vascas imponen el perfil lingüístico de forma masiva y desproporcionada en sus ofertas de empleo público, sin proporcionar recursos suficientes para el aprendizaje del euskera a los empleados temporales. Según ellos, el coste de la euskaldunización recae sobre el propio personal.
Finalmente, Comisiones Obreras propone alternativas para abordar esta situación, incluyendo la gratuidad de los euskaltegis, liberaciones para el personal interino y nuevas formas de acreditación que no dependan de exámenes masivos. Además, sugieren el reconocimiento oficial de perfiles como «solo orales» y «solo comprensión». Esta propuesta busca facilitar el acceso al empleo público, garantizando así los derechos lingüísticos de todas las personas en Gipuzkoa.
