Actualizado hace 49 minutos
La organización Stop Desahucios ha alertado sobre la inminente situación de tres familias en Donostia, que enfrentan el desalojo debido a la finalización de sus contratos de alquiler. A pesar de haber solicitado una prórroga extraordinaria, sus solicitudes no han sido atendidas. Además, otras 26 familias han conseguido acogerse a estas prórrogas reguladas por la Disposición Final Primera de la Ley de Vivienda.
Representantes de Stop Desahucios realizaron una rueda de prensa hoy viernes, acompañados por miembros de Sumar, EH Bildu, Podemos y Ezker Anitza-IU. En esta ocasión, subrayaron que «el reconocimiento que hace el Gobierno Vasco en su página web sobre la validez de todos los contratos de alquiler vigentes desde la publicación de la Ley de Vivienda en el BOE del 25 de mayo es crucial, sin importar si fueron firmados antes o después de esa fecha».
Desde la organización consideran que esta declaración adquiere gran relevancia, dado que se prevé que en Euskadi, para 2026, finalicen 25.695 contratos de alquiler que podrían beneficiarse de estas prórrogas. Según su opinión, estas medidas, junto con la convalidación pendiente en el Congreso de los Diputados del RDL 16/2025, que propone suspender los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2026 para inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional, podrían «impedir la interposición de miles de demandas de desahucio». Además, han apelado a «la sensibilidad social» que debe tener el estamento judicial para validar estas prórrogas extraordinarias, en el contexto de la actual crisis habitacional.
Por otro lado, Stop Desahucios ha criticado la postura de grandes tenedores, bancos, fondos de inversión y agentes inmobiliarios, junto con pequeños propietarios, que, según ellos, están intentando «torpedear la Ley de Vivienda y sus medidas para limitar y congelar los precios de los alquileres, así como las prórrogas para los contratos que están por finalizar».
