El grupo municipal de Elkarrekin Podemos Donostia ha exigido al alcalde de San Sebastián una rectificación urgente respecto a la decisión de hacer pública la nacionalidad de las personas detenidas en la ciudad. Esta medida ha suscitado controversia, siendo considerada por el concejal Víctor Lasa como un enfoque que promueve la estigmatización y la xenofobia. Lasa argumenta que esta situación convierte a San Sebastián en la única capital vasca que adopta tal postura.
El concejal ha manifestado su «total rechazo» a esta decisión del Ayuntamiento, instando a que el consistorio abandone esta tendencia y adopte un enfoque de seguridad que priorice la cohesión social, el respeto a los derechos humanos y la igualdad. «Donostia no puede convertirse en un altavoz de discursos que dividen y señalan», ha declarado Lasa.
La medida ha sido calificada por Lasa como un «día triste» para la ciudad, enfatizando que se está alineando con discursos de ultraderecha que juzgan a las personas en función de su origen o características físicas. Desde Elkarrekin Podemos, se sostiene que todos los individuos deben disfrutar de los mismos derechos y obligaciones, independientemente de su nacionalidad. Esta medida, según Lasa, no contribuye a la mejora de la seguridad ni a la prevención del delito, sino que alimenta miedos infundados y un clima de xenofobia hacia quienes son diferentes.
El grupo municipal ha recordado que diversas organizaciones antirracistas y expertos en el ámbito social, así como el propio Ararteko, han advertido que el facilitar información sobre el origen o nacionalidad de las personas detenidas no favorece la convivencia, sino que refuerza estereotipos y discursos racistas. «El problema no es de seguridad, sino de convivencia y de modelo de ciudad», ha señalado Lasa, quien insistió en que al señalar a una persona por su origen ante una detención, se está estigmatizando a todo un colectivo.
La polémica decisión del Ayuntamiento ha generado un debate profundo sobre las políticas de seguridad y convivencia en la ciudad, planteando interrogantes sobre cómo estas prácticas pueden afectar la cohesión social entre los diferentes grupos que componen la población de Donostia. La actitud del Ayuntamiento podría tener repercusiones importantes en la percepción de la seguridad y la convivencia, no solo en la capital guipuzcoana, sino en toda la comunidad autónoma.
A medida que la controversia continúa, se espera que el Gobierno Vasco y otros actores sociales intervengan para abordar las preocupaciones expresadas por Elkarrekin Podemos y otros colectivos. La presión social podría llevar a una reevaluación de las políticas de seguridad implementadas por el Ayuntamiento, en un esfuerzo por fomentar un ambiente más inclusivo y respetuoso. En un contexto donde la convivencia pacífica es esencial, la reflexión sobre estas decisiones se vuelve cada vez más crítica.
