En la reciente sesión plenaria del Ayuntamiento de Donostia, celebrada por PNV y PSE, se ha puesto de manifiesto la existencia de discrepancias entre los socios del Gobierno local. Durante el debate, se votó una moción impulsada por el PSE relativa a la parcela G.000.2 de Riberas de Loiola, que contenía tres puntos. Los dos primeros, que abogaban por la colaboración con el Gobierno Vasco para el desarrollo de proyectos de vivienda, fueron aprobados con el respaldo de EH Bildu y Ekarrekin Donostia, mientras que el PP y el PNV votaron en contra. Sin embargo, el tercer punto de la moción logró el apoyo unánime de la corporación.
El primer aspecto de la propuesta instaba al Consistorio a que el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco diseñe y ejecute un proyecto de construcción de alojamientos dotacionales en la mencionada parcela, en colaboración con el Ayuntamiento. En el segundo punto, se solicitó que se active un “proceso de escucha activa con el vecindario”, con el objetivo de identificar los servicios públicos que se deben implantar en el área.
El tercer punto, que recibió el apoyo de todos los miembros de la corporación, avaló la petición al Gobierno Vasco para que “tramite a la mayor brevedad posible ante este Ayuntamiento la construcción del equipamiento que resulte del proceso participativo”. Esta discusión resalta las diferencias de criterio entre los partidos en cuestiones de planificación urbana y vivienda, así como la controversia en torno al número exacto de apartamentos que se podrían construir en esta zona.
La portavoz del PSE, Ane Oyarbide, enfatizó la urgencia de abordar la emergencia habitacional, afirmando que “las administraciones, y en especial este Ayuntamiento, deben actuar con rigor, seriedad y responsabilidad”. Oyarbide destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para encontrar soluciones efectivas al problema de la vivienda. También dirigió críticas hacia el alcalde, Jon Insausti, sugiriendo que su deseo de anunciar avances sobre la parcela sin el apoyo del departamento correspondiente era contraproducente.
La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, defendió que los proyectos que propone el Consistorio están fundamentados en criterios técnicos. Aseguró que se evaluará el número de viviendas que realmente necesita Donostia, recordando al PSE que la facultad de planeamiento urbanístico pertenece al Ayuntamiento y que cualquier interpretación que infrinja esta competencia podría vulnerar el marco legal vigente.
El debate sobre la construcción de 200 o 400 apartamentos en Riberas de Loiola ha generado más tensiones. Mientras que el Gobierno Vasco defiende la cifra de 200, el alcalde ha sugerido que 400 sería el máximo deseable. Esta divergencia ha intensificado las críticas desde la oposición, donde se observa un amplio espectro de opiniones sobre las necesidades habitacionales de la ciudad.
El portavoz del PP, Borja Corominas, argumentó que “Donostia no necesita apartamentos dotacionales” y cuestionó la viabilidad de un número tan alto, sugiriendo que podría conducir a la creación de guetos y conflictos de convivencia. Por su parte, Ricardo Burutaran, de EH Bildu, denunció que se estaba utilizando este asunto como “marketing político” y criticó la falta de consideración hacia las necesidades del vecindario.
Arantza González, de Elkarrekin Donostia, también se mostró crítica con la falta de diligencia de los socios del Gobierno, describiendo la situación como un “culebrón” que carece de rigor y responsabilidad en un tema tan crítico como la vivienda. A pesar de las tensiones, la moción del PSE recibió apoyo, lo que sugiere un deseo de avanzar en la cuestión de la vivienda en la ciudad.
La situación actual resalta no solo las diferencias de criterio entre los partidos en el Gobierno local, sino también la necesidad de un enfoque colaborativo y participativo en la planificación urbanística. A medida que la ciudad se enfrenta a una creciente crisis de vivienda, se hace imperativo encontrar soluciones que atiendan las preocupaciones de los vecinos y que sean viables en el contexto de la legislación vigente. La incertidumbre sobre la cantidad de viviendas y la gestión de este proyecto continuará generando debate en el futuro inmediato.
