En el último Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Donostia, las diferencias de criterio entre el PNV y el PSE, socios en el Gobierno local, han quedado nuevamente evidenciadas. La sesión, marcada por una serie de votaciones, mostró las divergencias en torno a la moción presentada por el PSE sobre la parcela G.000.2 de Riberas de Loiola. Esta moción, que constaba de tres puntos, fue apoyada por el grupo socialista, EH Bildu y Ekarrekin Donostia, mientras que el PP y el PNV votaron en contra. El tercer punto, sin embargo, logró el respaldo unánime de la corporación.
La moción solicitaba en su primer punto que el Consistorio instara al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco a que «diseñe y ejecute el proyecto de construcción de alojamientos dotacionales» en la mencionada parcela de manera consensuada con el Ayuntamiento. El segundo punto instaba a activar un «proceso de escucha activa con el vecindario» para determinar qué servicios públicos se deben implementar en la zona. Por último, la corporación apoyó que el Ayuntamiento pida al Gobierno Vasco que «tramite a la mayor brevedad posible ante este Ayuntamiento la construcción del equipamiento que resulte del proceso participativo».
Este asunto refleja nuevamente las diferencias de criterio sobre la promoción de apartamentos dotacionales que han surgido entre ambas formaciones. La portavoz socialista, Ane Oyarbide, destacó la urgencia de abordar la crisis de vivienda que enfrenta la ciudad, afirmando que «las administraciones, y en especial este Ayuntamiento, deben actuar con rigor, seriedad y responsabilidad». Oyarbide subrayó la importancia de la colaboración y la lealtad interinstitucional para lograr soluciones efectivas.
En su intervención, Oyarbide criticó la actuación del alcalde, Jon Insausti, al considerar que su deseo de aparecer públicamente junto a la parcela sin el respaldo del Departamento de Vivienda fue un acto precipitado. «Se ha puesto en riesgo la colaboración institucional en una operación que puede ser muy relevante en la política de vivienda de la ciudad», afirmó, añadiendo que esto ha generado confusión y malestar entre los vecinos de Riberas de Loiola.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, hizo hincapié en que el Ayuntamiento basa sus proyectos «en criterios técnicos». Arzallus recordó al PSE que la facultad en planeamiento urbanístico es competencia del Ayuntamiento y que cualquier interpretación que limite esta facultad podría vulnerar el marco legal vigente. También destacó que el Ayuntamiento «no puede delegar el proceso de escucha activa en el Gobierno Vasco» y que, en última instancia, «la última palabra es del Pleno».
Un punto de discordia es el número de apartamentos a construir; mientras el Gobierno Vasco defiende la cifra de 200, Insausti había mencionado anteriormente que 400 sería el «techo máximo» a alcanzar. Esta discrepancia resalta las tensiones existentes entre los socios de gobierno.
Los grupos de la oposición también han mostrado posturas variadas en torno a esta operación. El portavoz del PP, Borja Corominas, afirmó que «Donostia no necesita apartamentos dotacionales» y advirtió que un número tan elevado podría «contribuir a generar guetos». En contraste, Ricardo Burutaran, de EH Bildu, criticó el uso «de marketing político» en este asunto, lamentando que una posible ampliación de la oferta de vivienda no se esté considerando adecuadamente.
Por su parte, Arantza González de Elkarrekin Donostia, manifestó que el reciente conflicto entre PNV y PSE muestra que actúan «sin rigor, ni seriedad, ni responsabilidad» en un tema tan sensible como la vivienda. González apoyó la moción del PSE y enfatizó la necesidad de abordar la cuestión de manera más responsable.
En este contexto, se observa que la situación habitacional en Donostia sigue siendo un tema crítico que requiere atención inmediata. La creciente demanda de vivienda en la ciudad hace necesario que las administraciones trabajen de manera conjunta y efectiva. La falta de consenso entre los grupos políticos puede complicar la búsqueda de soluciones viables para la crisis de vivienda que afecta a tantos ciudadanos.
