Los proyectos de construcción de alojamientos dotacionales en Riberas de Loiola han puesto de manifiesto las divergencias políticas existentes en el Ayuntamiento de San Sebastián. En el último Pleno, se debatieron dos mociones presentadas por el PSE y el PP, junto con varias enmiendas de los grupos PNV y EH Bildu, lo que provocó un intenso intercambio de reproches y una clara división ideológica entre las fuerzas políticas.
La portavoz del PSE, Ane Oyarbide, solicitó al alcalde, Jon Insausti, que actuara con «lealtad institucional» y criticó su afán por obtener una imagen junto al lehendakari, Imanol Pradales, en la parcela de Riberas, propiedad del Gobierno Vasco. Oyarbide advirtió que la prematura propuesta de construir 400 apartamentos para jóvenes y mayores podría afectar negativamente la colaboración interinstitucional y no ha sido bien recibida en la comunidad local, ya que implicaría la edificación de torres de hasta 20 plantas.
La portavoz socialista enfatizó que la crisis de vivienda en la ciudad «exige actuar con rigor y seriedad», presentando como alternativa un proyecto más elaborado que contempla 200 alojamientos, el cual fue presentado por el consejero de Vivienda, Denis Itxaso. Oyarbide también destacó la importancia de consultar a los vecinos para conocer sus necesidades y demandas, criticando la falta de diálogo en el proceso actual.
En respuesta, la delegada de Urbanismo, Nekane Arzallus, recordó que el planeamiento urbanístico es una competencia que no puede ser delegada a otras instituciones, ya que esto violaría la normativa vigente. La concejala del PNV instó a la «responsabilidad del Pleno» para no aprobar la moción del PSE y defendió que todos los proyectos se basan en informes técnicos elaborados por expertos, asegurando que en la parcela de Riberas es viable la construcción de 400 alojamientos dotacionales, aunque subrayó la necesidad de evaluar qué es lo que realmente interesa a la ciudad.
Por otra parte, Ricardo Burutaran de EH Bildu propuso trasladar a otro lugar los 83 alojamientos dotacionales previstos en una parcela cercana, sugiriendo que esa zona debería destinarse a equipamientos necesarios para el barrio. Criticó la tendencia de algunos políticos a generar titulares sin considerar si el presupuesto puede soportar dichas propuestas, aludiendo a un «ejemplo de marketing político». A medida que se acercan las elecciones, advirtió que ciertos sectores están comenzando a activar el «cronómetro electoral».
Desde el PP, Borja Corominas manifestó que tanto los 200 como los 400 apartamentos podrían convertir Riberas en un «gueto». Reprochó a PNV y PSE su falta de experiencia en la gestión de proyectos de tal magnitud, que podrían generar problemas de convivencia en una comunidad ya establecida y tensionar los servicios públicos existentes.
Finalmente, la concejala de Elkarrekin Podemos, Arantza González, criticó la coalición de gobierno por su falta de rigor y seriedad, acusándoles de una carrera por destacar en las fotografías. González destacó la aparente falta de comunicación entre los socios de gobierno, sugiriendo que su relación es más un «matrimonio de conveniencia» que una colaboración efectiva. Esta situación refleja las tensiones existentes en el ámbito del urbanismo en San Sebastián, dejando entrever la necesidad de un enfoque más cohesionado y responsable en la planificación de espacios que son vitales para la comunidad.
