Un individuo ha sido condenado en varias ocasiones por distintos delitos, incluyendo maltrato y estafa a su esposa en Donostia. En 2023, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa le impuso una pena de siete años de cárcel por haber abusado de su pareja, que padecía un trastorno psiquiátrico, manteniéndola en condiciones deplorables y en una situación de abuso económico. Este caso, conocido como la ‘casa de los horrores’, reveló que la víctima fue sometida a un encierro extremo, con escasa comida y condiciones de higiene inaceptables. La sentencia obligó al condenado a indemnizar a su mujer con 436.876,39 euros.
En un segundo juicio, celebrado en 2024, el mismo individuo recibió una condena de dos años de prisión por allanar el domicilio de la víctima, sentenciado por un jurado popular. Recientemente, un tribunal de Donostia le impuso un año adicional de prisión por un delito de acoso. Este accionar lo llevó nuevamente al banquillo, esta vez por supuestamente haber agredido a su abogado de oficio, quien le comunicó su citación para comparecer en la Audiencia de Gipuzkoa.
La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y seis meses de prisión por obstrucción a la justicia, mientras que la acusación particular demanda una pena total de siete años, que incluye un tiempo específico por atentado. El juicio por este último caso está programado para el 25 de febrero en el Juzgado de lo Penal nº 5 de Donostia.
Los hechos que se están evaluando tuvieron lugar el 17 de mayo de 2022, durante una comunicación del abogado, designado en agosto de 2021, quien le explicó al acusado que debía acudir a la Audiencia por un procedimiento relacionado con violencia de género. El letrado advirtió que su incomparecencia podría resultar en su búsqueda y captura, lo que llevó al acusado a reaccionar de manera violenta.
Según el relato de la acusación particular, el individuo, visiblemente molesto, se dirigió a su abogado con insultos y le propinó un puñetazo en la cara, causando que el letrado requiriera atención médica. Este incidente se produjo en la vía pública, en presencia de varios testigos, lo que agravó aún más la situación del acusado en términos legales.
Por su parte, el fiscal ha calificado la agresión como un acto de obstrucción a la justicia, solicitando una pena de prisión de dos años y seis meses y una multa de 12 meses a razón de 8 euros diarios. La acusación particular, representada por las letradas María Ángeles Salamero Cipitria y Mari Paz Sa Casado, ha solicitado una pena de tres años por atentado, además de cuatro años y una multa de 24 meses a razón de 15 euros diarios por maltrato y tres meses de multa por el mismo concepto.
El caso ha resonado en la comunidad, ya que refleja las dificultades que enfrentan las víctimas de maltrato y los retos del sistema judicial en la lucha contra la violencia de género. El tribunal anterior había encontrado que el acusado manipuló a su esposa durante años, utilizando su situación de vulnerabilidad para controlar sus finanzas y su vida diaria. El acusado había contraído deudas a su nombre, aprovechándose de su incapacidad laboral y sus recursos económicos, creando un entorno de abuso y sufrimiento.
A medida que el juicio se acerca, la atención pública se centra en cómo las instituciones y la sociedad en general responden a estos casos de violencia. La situación pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral que aborde tanto el bienestar de las víctimas como la sanción adecuada para los agresores. La condena de este individuo puede ser un paso importante en la búsqueda de justicia para quienes han sufrido maltrato, pero también revela la urgencia de reformas en el sistema de protección y asistencia a las víctimas.
