La Federación Vasca del Taxi ha anunciado la realización de movilizaciones el próximo jueves, 26 de marzo, en Donostia, en respuesta a la llegada de Uber al territorio de Gipuzkoa. Esta situación ha suscitado un intenso debate en el sector del taxi, especialmente tras la entrada de vehículos de transporte con conductor (VTC) que comenzó el 18 de febrero. A través de un comunicado, la federación ha manifestado su intención de establecer un calendario para futuras protestas, que se iniciaron en Bilbao el pasado septiembre y que se extenderán a otras localidades de la comunidad autónoma.
La Federación Vasca del Taxi exige el cumplimiento de la normativa vigente, denunciando la permisividad de la administración pública ante lo que consideran un «ilícito intrusismo profesional» por parte de plataformas como Uber. En un reciente encuentro entre el alcalde de San Sebastián y representantes de Uber, la federación ha subrayado la falta de interés por parte de las autoridades en hacer cumplir las regulaciones que rigen el sector.
Un aspecto que ha generado críticas es que Uber tiene su domicilio fiscal en los Países Bajos, lo que significa que la mayoría de sus ingresos y comisiones no tributan en el territorio vasco. Además, muchas de las empresas que operan con autorizaciones VTC vinculan su domicilio a Madrid, lo que también impide que contribuyan a la economía local. La federación argumenta que esta situación no solo perjudica al sector del taxi, sino que crea un entorno desigual para los trabajadores y usuarios de los servicios de VTC.
La organización también ha indicado que los servicios ofrecidos por las VTC a través de estas plataformas generan condiciones laborales precarias para sus conductores, así como servicios de calidad insuficiente para los pasajeros. Esta precariedad contrasta con las expectativas de un servicio de transporte fiable y regulado, lo que ha llevado a la federación a reiterar su compromiso con la defensa del taxi en Euskadi.
Asimismo, la federación ha alertado sobre la pérdida de competencias de la Comunidad Autónoma Vasca en la regulación de este tipo de servicios, ya que, según afirman, es una responsabilidad que ha pasado a ser exclusiva del Estado. Esto se debe, según su perspectiva, a una tendencia política que favorece una centralización excesiva en la gestión de competencias, en lugar de permitir que las comunidades autónomas puedan regular sus propios sectores.
La Federación Vasca del Taxi considera que esta situación ha sido comunicada en múltiples ocasiones a los representantes políticos, quienes, aunque manifiestan su compromiso con el sector, no han logrado implementar las medidas necesarias para frenar el intrusismo de las plataformas. «La connivencia entre las instituciones públicas y las empresas VTC no será tolerada», advierten, insistiendo en la necesidad de movilizarse para que se respete la normativa vigente.
Las movilizaciones previstas en Donostia son una respuesta clara a la frustración acumulada en el sector del taxi, que se siente amenazado por la falta de regulación adecuada y la competencia desleal que representan las VTC. Este conflicto no solo afecta a los taxistas, sino que plantea importantes cuestiones sobre la regulación del transporte en la región y la protección de los derechos de los trabajadores.
En este contexto, la federación espera que la movilización del 26 de marzo atraiga la atención necesaria para que las autoridades reconsideren su postura ante el fenómeno de las VTC. A medida que el debate sobre la movilidad en Gipuzkoa continúa, queda por ver cómo responderán los diferentes actores implicados a las demandas del sector del taxi y si se tomarán medidas efectivas para garantizar un entorno de competencia justo y regulado.
