La problemática de los pisos turísticos en Euskadi se vuelve a poner en el centro del debate, especialmente en San Sebastián, donde representan el 1,4% del total de viviendas. Este fenómeno se analiza en el contexto de la crisis de la vivienda, donde la oferta no satisface la creciente demanda, impulsada por el aumento de la población y las nuevas dinámicas familiares. Los alcaldes de San Sebastián y Bilbao, Jon Insausti y Juan Mari Aburto respectivamente, han manifestado la necesidad de implementar mayores restricciones a estos alojamientos, buscando no solo frenar su incremento, sino también evolucionar hacia un cierre progresivo de este tipo de actividades.
Durante el congreso ‘House Action’, organizado por el Gobierno Vasco, ambos ediles defendieron la moratoria vigente en Donostia desde hace más de dos años, que impide la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos. También mencionaron que se están trabajando en cambios legislativos que dificultarán la apertura de estas actividades en edificios residenciales. La mesa de debate incluyó a Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria, y a Miguel De los Toyos, viceconsejero de Vivienda, quien moderó la discusión sobre la crisis del alquiler y las zonas tensionadas.
Insausti, tras asumir la Alcaldía, propuso endurecer las restricciones a los alojamientos turísticos, sugiriendo que la licencia de actividad debería extinguirse si la vivienda es vendida a un nuevo propietario. Actualmente, el permiso está vinculado al inmueble, lo que permite que el negocio continúe a pesar del cambio de titularidad. El alcalde consideró insuficiente la disminución de pisos turísticos en la ciudad, que, tras la entrada en vigor de la ordenanza municipal en 2018, ha pasado de 2.200 a poco más de 1.300 en la actualidad.
Aburto, por su parte, detalló las medidas que se están considerando en Bilbao, como la limitación de los pisos turísticos a inmuebles de uso terciario y la imposición de requisitos de acceso independiente. Además, ambos alcaldes coincidieron en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda, ya sea a través de nuevas construcciones o rehabilitación de edificios en mal estado. También se planteó la idea de dividir pisos grandes en unidades más pequeñas que se ajusten a la demanda actual.
El congreso no solo abordó la situación en las capitales, sino que también reunió a regidores de municipios cercanos afectados por la influencia de las grandes ciudades. Las alcaldesas de Irun y Errenteria, Cristina Laborda y Aizpea Otaegi, respectivamente, destacaron la interconexión de las decisiones de las capitales con sus áreas metropolitanas. Ambas coincidieron en que las medidas sobre vivienda deben ser adoptadas de forma coordinada entre los municipios para ser efectivas.
La moratoria en Donostia ha tenido un efecto dominó en localidades cercanas, donde el número de solicitudes para pisos turísticos ha aumentado considerablemente. Otaegi indicó que, antes de la moratoria, apenas recibían una o dos peticiones al año, y ahora son diez.
Con la creciente presión sobre el mercado de la vivienda, se hace cada vez más urgente buscar soluciones que equilibren la necesidad de vivienda asequible con la regulación de los alojamientos turísticos. Las decisiones políticas en este ámbito no solo impactan en la oferta de vivienda, sino que también afectan a la calidad de vida de los ciudadanos y a la sostenibilidad de las comunidades.
