El colegio La Salle de Donostia ha decidido abrir un proceso de reparación pública dirigido a las 30 víctimas de abusos sexuales que han denunciado al religioso Patxi Ezkiaga. Esta iniciativa surge tras la publicación de un informe del Ararteko, que criticaba al centro educativo por no haber tomado medidas en el pasado.
Isabel Llanger, responsable institucional de La Salle, ha comentado en una entrevista en Radio San Sebastián que los recientes testimonios han provocado una profunda reflexión en la institución, con la intención de establecer una conexión con las víctimas y sanar el daño causado. Llanger ha manifestado su respeto hacia aquellos que han compartido sus experiencias y ha subrayado su valentía al hacerlo.
La representante del colegio también ha destacado que han llevado a cabo encuentros con algunas de las víctimas para escuchar sus inquietudes y reafirmar su compromiso de acompañarlas. En este sentido, ha reiterado la condena de los actos y ha expresado su disposición a pedir disculpas por el sufrimiento ocasionado y por no haber tomado medidas adecuadas en su momento.
Reacciones de las víctimas
A pesar de las intenciones del colegio, las víctimas se muestran escépticas sobre la posibilidad de retomar el diálogo. Marisol Zamora, quien fue la primera en hacer pública su denuncia, ha manifestado su gran decepción y enfado por la forma en que se ha manejado la situación. Según ella, ha habido intentos de encubrimiento, incluso tras la intervención de organismos como el Ararteko, lo cual considera una revictimización.
Zamora ha señalado que el perdón oficial se dirigió únicamente a las familias de La Salle, sin contacto personal con ella, salvo comunicaciones desde Madrid. Critica que los mecanismos de anonimato, como el sistema PRIVA, requieren entregar información sensible, lo que contribuye a un nuevo sentimiento de revictimización.
En lo que respecta a la compensación económica, ha informado que recibió 15.000 € a través del Plan PRIVA tras reunirse personalmente con el colegio en Madrid, pero ha lamentado que no se discutió sobre una reparación más extensa ni se comprometieron a investigar a fondo a los responsables. Esto ha llevado a Zamora y a otras víctimas a dudar de su colaboración con la institución, expresando su deseo de que el Defensor del Pueblo español actúe con mayor respeto y rigor.
La denuncia también incluye la crítica a la eliminación de registros importantes, y ha pedido que no se establezca un sistema de impunidad, lo cual será presentado en la comisión mixta correspondiente.
Nuevo sistema de reparación
Las víctimas esperan poder beneficiarse de un nuevo sistema de reparación que se ha acordado entre el Gobierno Vasco y la Iglesia para casos de abusos sexuales en el ámbito eclesial que no pueden resolverse por vías judiciales, ya sea porque han prescrito o porque los responsables han fallecido. Este mecanismo, que implica la intervención del Defensor del Pueblo y la participación de asociaciones de afectados, se presenta como una oportunidad más garantista y respetuosa para el reconocimiento del daño sufrido y la compensación pendiente.
La implementación de este sistema es crucial para restablecer la confianza entre las víctimas y las instituciones, poniendo de relieve la necesidad de un enfoque más comprometido y sensible hacia estos casos. A medida que avanza este proceso, la atención se centra en cómo se llevarán a cabo las reparaciones y el reconocimiento de las injusticias sufridas por las víctimas a lo largo de los años.
