La polémica en torno a la operación de Uber en Donostia ha generado un cruce de declaraciones entre la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de la ciudad. La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha manifestado que, tras un estudio jurídico, se ha llegado a la conclusión de que las licencias otorgadas en Bizkaia permiten a Uber realizar viajes interurbanos, pero no urbanos. Esta afirmación contrasta con las declaraciones del alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, quien sostiene que la empresa puede operar dentro de la ciudad.
En una rueda de prensa, Berasaluze aseguró que las licencias de los vehículos de transporte con conductor (VTC) son de ámbito interurbano y que han detectado que, a pesar de ello, se están realizando viajes urbanos. «Hemos constatado que hay viajes urbanos», afirmó, refiriéndose a un registro consultado por el Gobierno central. De esta manera, se pone de manifiesto la confusión que rodea a la regulación de estos servicios de movilidad.
Por su parte, Insausti explicó que las licencias de VTC son emitidas por el Gobierno central y que, en el caso del País Vasco, son las diputaciones las encargadas de otorgarlas. Sin embargo, defendió que, según la información proporcionada por Uber, estos pueden operar a nivel urbano. Tomó como ejemplo que «un servicio con licencia para operar en Badajoz puede trabajar a nivel urbano en Donostia». Este argumento ha sido cuestionado por la portavoz foral, quien recalca que la normativa actual no respalda esta actividad urbana.
La confusión se acentúa debido a la complejidad del marco jurídico que regula estos servicios. La concejala de Movilidad de Donostia, Olatz Yarza, subrayó que el Ayuntamiento no tiene la capacidad de conceder licencias para servicios urbanos de VTC, lo que plantea dudas sobre el papel que debe jugar el consistorio en esta situación. «La regulación de los servicios urbanos corresponde a cada ayuntamiento», afirmó Yarza, resaltando que la responsabilidad recae en las entidades locales.
El Gobierno Vasco también está involucrado en esta cuestión, y el alcalde ha anunciado que se reunirá el próximo 4 de marzo con representantes de Uber para abordar las cuestiones legales que han surgido con la llegada de la empresa a la ciudad. Insausti ha reconocido que estas dudas «se trasladan a nivel autonómico, territorial y local», lo que indica que se requiere un consenso entre las diferentes administraciones para aclarar la situación.
El alcalde ha manifestado que es fundamental entender «qué expectativas tiene Uber para San Sebastián» y «cuál es el marco jurídico en el que se basan para operar». Esta reunión es vista como una oportunidad para gestionar de manera adecuada la nueva realidad que presenta Uber en Donostia. Insausti ha insistido en que es esencial establecer un «campo de juego equitativo» entre los nuevos operadores y los servicios de taxi tradicionales, señalando que la calidad del servicio debe ser la prioridad.
A pesar de las preocupaciones, el servicio de Uber lleva menos de una semana operando en la ciudad. Insausti ha enfatizado que es prematuro sacar conclusiones sobre su funcionamiento. «Iremos viendo cómo va operando, cuántas licencias tiene y por dónde opera», indicó. Al mismo tiempo, han registrado todos los servicios que estos vehículos realizan dentro de Donostia, en caso de que se determine que su licencia no les habilita para operar de forma legal y, por lo tanto, sean susceptibles de sanciones.
La llegada de Uber a Donostia ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y potencialmente actualizar la normativa que regula el transporte urbano en Gipuzkoa. Mientras las instituciones intentan aclarar su posición, los ciudadanos observan cómo se desarrolla este nuevo modelo de movilidad en la ciudad, con la esperanza de que se establezcan reglas claras que protejan tanto a los usuarios como a los servicios de taxi tradicionales. El futuro de la movilidad en Donostia se vislumbra como un aspecto crucial que requerirá una atención continua por parte de las autoridades competentes.
