Una semana después de la inesperada llegada de Uber a San Sebastián y Gipuzkoa, persiste la incertidumbre sobre la legalidad de los vehículos de transporte de pasajeros con conductor (VTC) que operan bajo esta plataforma, utilizando licencias procedentes de Bizkaia. La cuestión ha suscitado un debate intenso entre las instituciones locales y la compañía, ya que los 30 vehículos eléctricos que colaboran con Uber carecen de las licencias necesarias tanto de la Diputación como del Ayuntamiento para prestar servicios en el ámbito urbano.
Aunque se había respondido de forma contundente a la pregunta sobre la ausencia de estas compañías en el territorio —debido a la falta de licencias—, la situación parece haber cambiado. Después de la aparición de Uber, la Diputación de Gipuzkoa ha admitido que la plataforma puede operar en la región con licencias otorgadas por otra administración de Euskadi, en este caso, la Diputación de Bizkaia. Este aspecto pone de relieve la complejidad de la normativa y su interpretación en el marco del régimen foral vasco.
La legislación vigente, particularmente el real decreto-ley 13/2018 y el decreto del Gobierno Vasco 200/2019, establece que las normas se aplican a nivel de la comunidad autónoma. Sin embargo, la peculiaridad del sistema foral permite que las diputaciones sean las encargadas de otorgar las autorizaciones a los VTC, a diferencia de otras autonomías donde la competencia recae en el gobierno regional. Esto ha generado confusión sobre los límites de aplicación de las licencias, lo que Uber ha capitalizado al argumentar que, al contar con una licencia válida en Euskadi, puede operar sin restricciones en toda la comunidad.
Un punto de controversia adicional es si estas licencias son válidas para ofrecer servicios urbanos. Aunque se expiden por las diputaciones, las autorizaciones de VTC son formalmente concedidas por el Ministerio de Transportes. La normativa estatal señala que estas licencias habilitan únicamente para realizar servicios interurbanos. En contraste, otras comunidades como Madrid y Cataluña han adaptado su legislación para permitir que los VTC operen en el ámbito urbano, lo que no ocurre en Euskadi, donde los ayuntamientos no tienen la facultad de otorgar estas licencias. Esto crea un panorama donde, incluso si el Ayuntamiento de Donostia lo deseara, no podría regular la actividad de Uber a nivel local.
La situación ha sido apoyada por la Diputación de Gipuzkoa y las asociaciones de taxistas, quienes sostienen que Uber está operando en contra de la normativa vigente al prestar servicios en San Sebastián. Sin embargo, la compañía se ampara en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró ilegal el límite de un VTC por cada 30 taxis, un mecanismo que algunas administraciones habían utilizado para restringir la llegada de plataformas como Uber y Cabify.
El fallo, que se emitió el 8 de junio de 2023, ha reconfigurado el panorama para los VTC en España, derribando varias restricciones legales que limitaban su operativa. Entre ellas se encuentra la exigencia de contar con una segunda licencia para operar en entornos urbanos, salvo en casos muy específicos relacionados con la gestión del transporte o la protección del medio ambiente. En este sentido, el Tribunal ha argumentado que esta exigencia podría ser considerada discriminatoria y no justificada, especialmente si su objetivo es proteger al sector del taxi, lo que contraviene los principios de libre competencia.
Uber sostiene que su capacidad para ofrecer servicios en Donostia no se encuentra fundamentada en la normativa local, sino en un respaldo judicial que refuerza su derecho a operar. La compañía interpreta que con una única licencia puede extender su actividad a los servicios urbanos en San Sebastián, confiando en que, en un posible conflicto entre la libre competencia y la protección de un sector, la justicia ya ha marcado un rumbo favorable para ellos.
La situación actual plantea un importante desafío para las instituciones locales, que deberán evaluar cómo abordar esta nueva realidad. Si bien Uber ha encontrado un camino para operar en Gipuzkoa, la falta de claridad en la normativa vigente continúa generando tensiones entre los distintos actores del sector y podría requerir una revaluación de las regulaciones para garantizar una competencia justa y equilibrada.
