La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR) ha expresado su insatisfacción con la respuesta proporcionada por La Salle en relación con los abusos sexuales sufridos por numerosas víctimas a manos del religioso Patxi Ezkiaga en el colegio de San Sebastián. La asociación ha instado a los afectados a esperar el establecimiento de un convenio entre el Defensor del Pueblo estatal, el Estado y la Iglesia, después de que el Ararteko haya cerrado sin acuerdo el proceso de interlocución que involucraba a más de una treintena de afectados.
ANIR critica nuevamente el Plan PRIVA, que la Iglesia ha implementado para gestionar las reparaciones individuales a las víctimas, considerándolo inadecuado para abordar la magnitud de los casos tratados. Según su portavoz, Juan Cuatrecasas, esta iniciativa presenta obstáculos, cuestiona el testimonio de algunos afectados y ofrece indemnizaciones que resultan arbitrarias y distantes de la gravedad del daño causado. Las cantidades de compensación se sitúan entre 4.000 y 20.000 euros, lo que genera descontento entre quienes han sufrido estos abusos.
En este contexto, ANIR sostiene que cualquier solución que surja fuera del acuerdo que están preparando el Defensor del Pueblo, el Estado y la Iglesia estará limitada. Por ello, propone que las víctimas de La Salle consideren la posibilidad de esperar a que se establezca ese nuevo marco que definirá criterios comunes para el reconocimiento y la reparación, bajo la coordinación de Ángel Gabilondo.
Además, la asociación destaca que no es suficiente con ofrecer compensaciones económicas de manera aislada. Hay una necesidad urgente de una respuesta institucional más sólida para aquellas víctimas cuyos casos han prescrito, así como para aquellas en las que el agresor ha fallecido y para las familias de víctimas que ya no están con vida.
ANIR también subraya la importancia del reconocimiento público de las víctimas. Entre sus demandas figura la creación de algún tipo de acreditación oficial que facilite el acceso a apoyo psicológico, derechos sociales y protección contra posibles represalias al realizar denuncias. Este tipo de medidas son vistas como esenciales para ofrecer una atención adecuada y digna a quienes han sufrido abusos.
En la misma línea, Cuatrecasas considera que el cierre del proceso en La Salle sin un acuerdo válido refuerza la urgencia de establecer un mecanismo externo que complemente los sistemas internos de la Iglesia. ANIR espera que durante el mes de marzo se produzcan avances en relación con este convenio estatal que podría ofrecer una solución más efectiva y comprensiva a los problemas planteados.
Este caso refleja un problema más amplio que afecta a muchas víctimas en diversas instituciones. La necesidad de un enfoque que contemple no solo indemnizaciones, sino también un marco integral de apoyo y reconocimiento es vital para abordar la herida que estos abusos han dejado en la sociedad.
Asimismo, la creación de un sistema de reconocimiento que vaya más allá de la mera compensación económica podría sentar un precedente importante en la lucha por los derechos de las víctimas, asegurando que sus historias sean escuchadas y valoradas dentro de un contexto más amplio de justicia social. La presión sobre las instituciones para que actúen de manera responsable y efectiva crece, y la sociedad en su conjunto debe estar atenta a los desarrollos en este ámbito.
