El pasado sábado, el Boulevard de Donostia se convirtió en el escenario de una masiva manifestación en la que familiares y usuarios de residencias de Gipuzkoa expresaron su descontento ante la precariedad del sistema de atención asistencial. La movilización, organizada por Gipuzkoako Senideak, surge tras varios meses de tensiones laborales en el sector y tiene como objetivo instar a la Diputación Foral a asumir su responsabilidad en lo que consideran una falta de acción. Según el portavoz de la asociación, Xanti Ugarte, la institución foral no puede eludir su responsabilidad argumentando que las negociaciones son competencia exclusiva de la patronal, dado que es la propia Diputación la que «decide cuánto dinero se pone y cuánto tenemos que pagar los familiares».
Durante la manifestación, los participantes denunciaron la crítica situación que viven los mayores en los centros que están en huelga indefinida. Ugarte detalló que, a pesar de que los servicios mínimos se establezcan en un 90%, el efecto sobre los residentes es devastador, ya que las plantillas ya se encontraban en una situación precaria. «Cuando ya te estás ahogando un poquito, ese 10% menos hace que te ahogues del todo», advirtió, señalando que este recorte se traduce en un deterioro notable de la salud de los usuarios. Las familias han denunciado un incremento de infecciones de orina, falta de higiene y situaciones en que los mayores permanecen en la cama durante horas inadecuadas, lo que confirma que «cuando la atención es mala, los residentes están sufriendo».
El conflicto actual no es percibido por los familiares como un episodio aislado, sino como un reflejo de un modelo de cuidados que, según Ugarte, ha llegado a su fin. En declaraciones a la SER, afirmó que «estamos al final de este sistema», subrayando que la propaganda institucional choca frontalmente con la realidad de las condiciones laborales. Más de la mitad de las trabajadoras se encuentran con jornadas reducidas y se ven obligadas a realizar su trabajo «a la carrera». Este escenario resulta especialmente doloroso para las familias, considerando el alto coste que supone una plaza residencial. Desde la asociación, se denuncia que «se paga una pasta» por un servicio que no alcanza los estándares mínimos de dignidad y exigen que se prohíba que parte del dinero público destinado a los cuidados termine en beneficios empresariales.
La jornada de protesta concluyó con un llamamiento a la transparencia y a la revisión de la Ley de Servicios Sociales tras años de aplicación en el territorio. Gipuzkoako Senideak considera urgente «revisar el sistema» y apostar por la gestión pública de los centros para asegurar que cada euro destinado revierta directamente en la atención. Durante la lectura del manifiesto en el Boulevard, se enfatizó que el bienestar de los mayores no puede depender de los márgenes de beneficio de las empresas gestoras. Además, el colectivo advirtió que las movilizaciones seguirán mientras la Diputación no tome medidas concretas para unificar normativas y garantizar que las plantillas cuenten con los recursos necesarios para ofrecer un cuidado humano y profesional.
