La asociación FACUA Euskadi ha presentado una denuncia ante la Diputación Foral de Gipuzkoa, donde critica la situación de discriminación que enfrentan los usuarios de la línea de autobús Bilbao-San Sebastián. En la actualidad, la empresa que gestiona este servicio permite a los viajeros guipuzcoanos utilizar la tarjeta Mugi, lo que les permite abonar solo 4,15 euros por el billete. Sin embargo, los usuarios de la tarjeta Barik, que son los procedentes de Bizkaia, se ven obligados a pagar el importe completo, que asciende a 13,65 euros.
FACUA ha subrayado que esta falta de unificación en las tarifas vulnera lo estipulado por la Ley de Movilidad Sostenible del País Vasco. Esta normativa establece que las administraciones públicas deben implementar un sistema de transporte integrado y sin duplicidades antes del noviembre de 2025, permitiendo así que los tres tipos de títulos de transporte (Barik, Mugi y Bat) sean utilizados indistintamente en toda la red de Euskadi.
La organización de consumidores ha instado a que se lleven a cabo de manera urgente las adaptaciones técnicas necesarias para que la tarjeta Barik sea aceptada en esta línea. Según FACUA, resulta inaceptable que, tras el cumplimiento del plazo legal para la unificación del sistema, los ciudadanos de Bizkaia continúen enfrentándose a una ineficiencia que repercute negativamente en sus economías familiares en un servicio de transporte crítico entre territorios.
Este tipo de situaciones pone de manifiesto la necesidad de una gestión más eficaz y equitativa en el ámbito del transporte interterritorial en Euskadi, un aspecto que debería ser prioritario para las administraciones. La integración tarifaria no solo facilitaría el acceso de los ciudadanos a los servicios de transporte, sino que también promovería una mayor cohesión social y económica entre las diferentes provincias que conforman la comunidad autónoma.
La reivindicación de FACUA también resalta el papel que debe desempeñar el Gobierno Vasco en la garantía de derechos de los viajeros. La implementación de un sistema de transporte más justo y accesible no solo beneficiaría a los usuarios actuales, sino que podría fomentar un uso más extensivo del transporte público, contribuyendo así a una movilidad más sostenible y eficiente en la región.
Por lo tanto, queda claro que la situación actual no es simplemente una cuestión de tarifas, sino que está ligada a una visión más amplia de cómo se debe gestionar el transporte público en Euskadi. La adopción de medidas que favorezcan la integración y la reducción de desigualdades tarifarias debería ser un compromiso firme de las autoridades, dado que esto impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo equitativo de la comunidad.
