La concejala de Elkarrekin Donostia, Arantza González, ha manifestado su descontento con la gestión del Ayuntamiento, subrayando que este no ha cumplido adecuadamente con la sentencia 482/2024 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Esta decisión judicial anula diversos aspectos de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relacionados con los desarrollos de Illarra, Villa Ereski, Depósitos y Erregenea, lo que implica que el Consistorio tiene que reiniciar el proceso desde cero.
González ha señalado que la administración local deberá tramitar nuevamente la modificación, lo que pone en riesgo la ejecución de las viviendas proyectadas en la presente legislatura, dado que la falta de diligencia en el manejo inicial del caso podría resultar en la ausencia de estos proyectos. La edil ha calificado de “pésima” la actuación del Gobierno municipal en esta materia y ha denunciado que este no ha defendido los intereses generales, favoreciendo en cambio a un pequeño grupo de promotores.
En este contexto, la concejala ha recordado que la sentencia anterior obligaba al Ayuntamiento a incrementar de 112 a 200 viviendas de protección oficial (VPO) en los desarrollos mencionados, ya que el espacio originalmente destinado al beneficio de unos pocos en Villa Ereski debe ser accesible para toda la ciudadanía. Además, en el caso de Illarra, se estableció que el porcentaje de viviendas protegidas debía aumentar del 40% al 75%, mientras que en Villa Ereski, el 40% de las unidades residenciales deberían ser también de protección.
González ha enfatizado que la sentencia no permitía el traslado de los espacios libres asociados a los desarrollos urbanísticos a Erregenea, al tratarse de suelo rural protegido. Según la concejala, el TSJPV ha calificado lo aprobado inicialmente como un “fraude de ley”, anulando la ejecución del acuerdo anterior del Pleno municipal de julio de 2025, que había aprobado la adaptación a la sentencia de octubre de 2024.
Con la situación actual, Elkarrekin Donostia ha solicitado la comparecencia de la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, para que aclare las medidas que se implementarán a partir de ahora. La presión sobre el Gobierno municipal está aumentando, ya que los vecinos esperan una resolución que garantice el desarrollo de vivienda asequible en la ciudad. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de gestionar de manera efectiva los recursos y las normativas urbanísticas en Donostia, en un momento donde la demanda de vivienda es más urgente que nunca.
