El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso presentado por la Kantina Kaia en contra de una resolución de un juzgado de Donostia. Este fallo había determinado previamente la permanencia de la clausura de este establecimiento, ubicada en el Muelle, impuesta por el Ayuntamiento de San Sebastián debido a la comercialización de alcohol sin la debida licencia.
En su decisión, el tribunal aseguró que «comparte» y «hace suyos» los argumentos de la sentencia que estaba siendo apelada. En esta se advertía que permitir la continuación de la actividad comercial en condiciones irregulares hasta que se dicte una sentencia final podría generar una «importante perturbación para el interés público». Tal situación pone en riesgo la protección de la legalidad ambiental y urbanística al no contar con un control previo sobre la actividad de la Kantina Kaia. Por lo tanto, se determinó que existen intereses públicos que tienen prioridad sobre cualquier interés económico individual.
Por otro lado, la Kantina Kaia había argumentado que la prohibición de vender alcohol podría llevar al negocio a una quiebra inminente, generando pérdidas económicas significativas y poniendo en riesgo cuatro puestos de trabajo. Sin embargo, el TSJPV establece que estos perjuicios son de índole económica y, en caso de que se dictara una sentencia favorable a la Kantina, podrían ser compensados a través de una adecuada cuantificación.
El tribunal también se pronunció sobre la situación laboral de los empleados, sosteniendo que no existe evidencia que demuestre que no podrían encontrar empleo en el mismo sector en caso de que se produzca el cierre definitivo del local. Cabe resaltar que la dirección de Urbanismo del Ayuntamiento ya ha indicado que no ejecutará la clausura del establecimiento hasta que haya una sentencia firme.
Este caso pone de manifiesto la tensión entre la legalidad en el ámbito comercial y la protección de los derechos laborales. La decisión del TSJPV refleja el compromiso con la normativa que rige el uso del espacio público y la actividad comercial, resaltando la importancia de un marco regulatorio que garantice tanto el bienestar social como la legalidad en las actividades económicas.
En un entorno donde la regulación de la venta de alcohol es un aspecto clave para la preservación del orden público y la salud pública, la resolución del tribunal sugiere que se priorizará el interés colectivo ante posibles inconvenientes privados. La situación de la Kantina Kaia servirá como referencia para futuros casos relacionados con la venta de alcohol sin licencia y su impacto en el tejido económico local.
