Un incidente ocurrido el 3 de mayo de 2020 en Donostia ha llevado al Ayuntamiento a ser condenado a pagar una indemnización tras la caída de una mujer de 73 años. Mientras caminaba por una zona peatonal junto al río Urumea, la mujer tropezó con unas baldosas en mal estado, lo que causó graves lesiones que requirieron intervención quirúrgica y una larga recuperación.
El accidente se produjo alrededor de las 10.30 horas, cuando la mujer sufrió un fuerte golpe en el rostro y fracturas en el codo y la muñeca tras caer al suelo. Según el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de San Sebastián, las baldosas estaban elevadas, creando un desnivel de entre 2 y 3 centímetros. Este factor fue determinante en la causa del tropiezo y las consiguiente lesiones que sufrió la señora.
La sentencia, que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), establece que la indemnización total asciende a casi 30.000 euros. La mujer, representada por el abogado Jesús González de la Huebra, había demandado al Ayuntamiento tras el accidente. En su reclamación, presentó evidencias como un informe de los agentes de la Guardia Municipal que asistieron al lugar y el testimonio de una testigo que confirmó la habitualidad de caídas en esa área debido al estado de las baldosas.
Las lesiones sufridas incluyeron una fractura en el codo, lo que obligó a la mujer a ser operada en el Hospital de Donostia. Después de tres días hospitalizada, pasó por un proceso de recuperación que incluyó un mes con escayola y cinco meses más de fisioterapia. El alta definitiva le fue concedida en marzo del año siguiente, tras un total de once meses de tratamiento.
Los agentes que acudieron al lugar del accidente informaron que durante su inspección observaron varios tropiezos y procedieron a marcar las baldosas en mal estado con spray para advertir del peligro. Además, una brigada municipal se encargó de cambiar dos adoquines después del incidente. Sin embargo, el Ayuntamiento no logró convencer al tribunal de que había llevado a cabo el mantenimiento adecuado de la zona, y su defensa respecto a la diligencia de la mujer tampoco fue aceptada.
En el fallo judicial, se subraya la «responsabilidad de las administraciones públicas» en situaciones como esta, amparada en la legislación vigente que garantiza el derecho a indemnización por lesiones causadas por el funcionamiento impropio de servicios públicos. El tribunal consideró que el estado del pavimento representaba un «riesgo para el normal caminar de los ciudadanos», lo que provocó la caída de la mujer.
Como resultado, el Ayuntamiento deberá abonar 25.533,01 euros por las lesiones, 2.500 euros por la pérdida de calidad de vida, y 1.306 euros por las gafas que se rompieron en el accidente. Los intereses adicionales elevarán la indemnización final por encima de los 30.000 euros.
Este caso pone de manifiesto la importancia de un mantenimiento adecuado de las infraestructuras urbanas y la responsabilidad de las administraciones locales en la preservación de la seguridad pública. La sentencia reafirma el derecho de los ciudadanos a ser protegidos de situaciones que puedan poner en peligro su bienestar en espacios públicos.
