El Ayuntamiento de Donostia ha tomado una postura clara respecto a la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC). Según han establecido, estos vehículos “no están autorizados para la prestación de servicios urbanos”, lo que significa que solo pueden operar en el ámbito interurbano, conforme a la normativa vigente.
La situación se ha complicado con la llegada de Uber, que ha comenzado a operar en la ciudad con una licencia emitida en Bizkaia. Esto ha puesto de manifiesto una falta de claridad en la regulación, reflejando una compleja maraña normativa que requiere atención inmediata.
El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha señalado el “vacío legal” existente en torno a este asunto. Ha indicado que el Consistorio solo tiene competencia para aplicar las normas de tráfico, lo que incluye la prohibición para que los vehículos VTC utilicen el carril bus-taxi o realicen giros en puntos reservados para el transporte público. Además, se impide que estos vehículos hagan uso de las paradas de taxi.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han analizado la legislación vigente y han concluido que los VTC no están autorizados para ofrecer servicios urbanos. En consecuencia, el Consistorio ha expresado su confianza en que la Diputación Foral de Bizkaia tome la iniciativa necesaria para sancionar los incumplimientos detectados en la normativa.
Insausti ha resaltado que “Donostia es una ciudad de orden y se hace cumplir la ley a todos”. Esta declaración subraya el compromiso del Ayuntamiento con el cumplimiento de la normativa vigente en el ámbito del transporte.
En un comunicado emitido, el Consistorio ha explicado que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) regula las autorizaciones VTC a nivel estatal y establece que las diputaciones forales son competentes tanto para otorgar dichas autorizaciones como para sancionar las infracciones. En este sentido, la competencia sancionadora para los VTC con autorizaciones estatales corresponde a la administración correspondiente, independientemente del territorio donde se preste el servicio.
La normativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco incluye el transporte que se realiza dentro del territorio autonómico, mientras que los ayuntamientos tienen la responsabilidad sobre el transporte urbano. Hasta ahora, los vehículos de Uber que operan en Donostia lo hacen bajo licencias concedidas por la Diputación Foral de Bizkaia, que tiene la facultad de sancionar a los VTC que funcionen sin la cobertura legal necesaria.
Desde que Uber comenzó a prestar servicio en la ciudad, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas acciones para garantizar el cumplimiento de la normativa. Esto incluye la identificación de incumplimientos mediante inspecciones y el análisis de bases de datos ministeriales donde los VTC deben registrar sus servicios.
Este mes, las reacciones sobre la situación han sido variadas, y en algunos casos, contradictorias. A pesar de ello, el Ayuntamiento ha continuado con sus esfuerzos, incluyendo la solicitud de cese de actividad en el ámbito urbano a la empresa que regula las licencias VTC, y ha instado a la Diputación de Bizkaia a iniciar las sanciones pertinentes por las infracciones cometidas.
Además, el Ayuntamiento ha facilitado que los Agentes de Movilidad impongan las sanciones permitidas por la normativa municipal, trabajando en colaboración con la Guardia Municipal, la cual es responsable de tramitar las denuncias. El Consistorio también se ha comprometido a mantener una comunicación constante con el sector del taxi, asegurando un seguimiento jurídico ininterrumpido.
Para reforzar esta comunicación, el Ayuntamiento considera esencial que la Diputación de Gipuzkoa, como administración competente, convoque a la Comisión del Taxi. Esta medida busca facilitar un diálogo constructivo entre las distintas partes implicadas y promover un modelo de movilidad ordenado en la ciudad.
Finalmente, Insausti ha destacado que el sector del taxi ha mostrado una actitud positiva hacia la mejora del servicio a la ciudadanía, y que el Ayuntamiento está trabajando para incorporar las aportaciones de este sector en su afán por mantener una competencia justa entre los distintos operadores de transporte.
