En Donostia, el Ayuntamiento, bajo el mando del PNV, ha intensificado los desalojos de personas vulnerables, llevando a cabo estas acciones a un ritmo alarmante. El pasado lunes, las autoridades policiales desocuparon un pabellón en la zona de Zardoya Otis, donde residían aproximadamente 30 jóvenes que no contaban con alternativas de vivienda. El desalojo se completó antes de las 08:00, con la intervención conjunta de la Ertzaintza y la Policía Nacional, quienes aseguraron el cierre del edificio. Durante esta operación, cuatro personas que intentaron mostrar su apoyo a los desalojados fueron identificadas.
Un día antes, los jóvenes afectados, junto a varios colectivos sociales locales, realizaron una declaración pública para advertir que muchas personas podrían acabar en la calle. Estos grupos expresaron su preocupación por la inminente posibilidad de que hasta 200 personas se vean sin hogar, puesto que cinco edificios en la zona de Zardoya están a la espera de una orden de desalojo. Según sus denuncias, en Donostia, los desalojos se están ejecutando de forma rápida y silenciosa, sin ofrecer alternativas viables a quienes se ven afectados, lo que normaliza situaciones de grave vulnerabilidad.
Tras el desalojo del pabellón 4 de Jolastokieta, el Ayuntamiento justificó su actuación al afirmar que había ofrecido “una cama” a siete de las personas desahuciadas. Sin embargo, el Sindicato Socialista de Vivienda de Donostia cuestionó esta medida, planteando inquietudes sobre qué ocurre una vez que finaliza la estancia en un albergue y qué sucederá con el resto de las personas sin hogar.
La situación se agrava aún más en el barrio de Herrera, donde se estima que otras 200 personas están en riesgo de ser desalojadas. La semana pasada, el sindicato denunció que el Ayuntamiento ha puesto en peligro a estas personas al ordenar la demolición de cinco edificios, a pesar de que albergan a muchas familias. Esta estrategia se enmarca en un patrón más amplio de desalojos masivos que ya tuvo lugar en Martutene en diciembre del año anterior, donde las autoridades han señalado y criminalizado a las personas migrantes sin hogar como justificación para sus acciones.
Los supuestos “problemas de convivencia” y los planes para “rehabilitar” la zona han sido utilizadas como excusas por parte del Ayuntamiento para llevar a cabo desalojos severos contra aquellos que se encuentran en situaciones de extrema necesidad. Sin embargo, el Sindicato Socialista de Vivienda ha afirmado que mientras las causas de la pobreza permanezcan sin cambios, la situación seguirá empeorando.
Este contexto refleja una alarmante tendencia en la gestión de la vivienda en Gipuzkoa. A medida que los desalojos se convierten en una práctica común sin ofrecer soluciones habitacionales, es crucial que se tomen medidas efectivas que aborden las raíces de la crisis de vivienda en la región. La falta de alternativas reales y el aumento de la marginación social requieren una reflexión profunda y un compromiso serio por parte de las autoridades locales y regionales, para evitar que más personas queden desprotegidas en la calle.
