El Ayuntamiento de Donostia ha decidido seguir la directriz establecida por el Gobierno Vasco en relación con la comunicación del origen geográfico de las personas detenidas. Esta medida ha sido confirmada por fuentes municipales y ha generado una controversia significativa, especialmente entre sus socios del PSE, que han expresado su rechazo.
La polémica se originó tras un cambio de criterio por parte de la Consejería de Seguridad, liderada por el PNV, que comenzó a informar sobre la procedencia de los arrestados en sus comunicados desde octubre pasado. Este cambio llevó al Ararteko a iniciar una investigación para entender las razones detrás de esta nueva práctica, dado que hace catorce años se recomendó no revelar este tipo de información.
En medio de esta situación, el alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha afirmado que la inclusión de estos datos en la comunicación municipal responde a un principio de transparencia, señalando que «revelar el origen de las personas infractoras responde a un ejercicio de transparencia, enmarcado en un modelo de gobernanza propio de las sociedades maduras». Esta postura sugiere que la información precisa puede ayudar a combatir estigmas y discursos populistas.
El consistorio ha indicado que comenzará a facilitar el origen de los detenidos cuando sea demandado por los medios de comunicación o la ciudadanía. Además, ha subrayado que ya colabora con la Ertzaintza y los juzgados proporcionando toda la información relevante sobre las detenciones.
Sin embargo, el grupo municipal del PSE ha manifestado su desacuerdo con esta decisión. La portavoz del PSE, Ane Oyarbide, argumentó que «la delincuencia no se explica por el origen de las personas, sino por múltiples factores sociales, económicos y estructurales». En su opinión, ofrecer esta información sin el contexto adecuado puede reforzar prejuicios erróneos que alimentan el miedo y la inseguridad en la sociedad.
Desde la oposición, EH Bildu ha calificado la decisión del alcalde como injustificada, afirmando que no mejorará la percepción de seguridad ni reducirá la tasa de delitos. En un comunicado, esta formación política recordó que hace apenas un año el propio consejero de Seguridad defendía lo contrario, lo que pone de manifiesto la falta de coherencia en la política del Gobierno Vasco sobre este tema.
Por su parte, Elkarrekin Donostia se ha opuesto rotundamente a la decisión del alcalde, argumentando que alienta un discurso de ultraderecha que discrimina a las personas según su origen. Su portavoz, Víctor Lasa, expresó su preocupación por el impacto negativo que esta decisión puede tener en la convivencia y en el respeto por los derechos de todas las personas, independientemente de su procedencia.
En un contexto similar, el PP había solicitado en diciembre pasado la publicación del origen de los detenidos, pero su propuesta fue rechazada en una votación reciente. El portavoz del grupo, Borja Corominas, criticó la tardanza en la adopción de esta medida, sugiriendo que el Ayuntamiento debería haber atendido su solicitud desde el principio.
Esta situación, que refleja la tensión existente entre los diferentes partidos que componen el gobierno municipal, destaca las diferentes perspectivas sobre cómo abordar la seguridad y la delincuencia en la ciudad. La inclusión del origen geográfico de los detenidos puede abrir un debate más amplio sobre la inmigración y su relación con la criminalidad, un tema sensible que requiere un enfoque cuidadoso para no alimentar estigmas.
Con la reunión programada entre el nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, y el consejero Bingen Zupiria, se espera que surjan más diálogos y disensiones sobre esta cuestión. La forma en que se maneje la información sobre las detenciones en Donostia podría influir significativamente en la percepción pública sobre la seguridad y la convivencia en la ciudad en el futuro.
