Este jueves, el Ayuntamiento de Donostia firmó una declaración unánime en apoyo a las más de 500 familias que habitan en las viviendas de protección oficial (VPO) de Bentaberri. Durante el pleno, los distintos grupos políticos se unieron para solicitar al Gobierno Vasco una solución que asegure la continuidad de estos hogares, que actualmente están bajo la gestión de un promotor privado. Este debate, que tuvo lugar ante un salón de plenos prácticamente lleno de vecinos y con un seguimiento significativo desde el exterior del Consistorio, se produce en un contexto de incertidumbre, especialmente con la expiración de la calificación de protección pública prevista para 2028.
El texto aprobado en la sesión instó al Gobierno Vasco a establecer un marco que garantice que los inquilinos puedan continuar viviendo en las viviendas con condiciones de alquiler asequible. Se subrayó la importancia de evitar cualquier aumento de rentas que pudiera llevar al desalojo de las familias. Además, se propuso estudiar la posibilidad de ejercer el derecho de adquisición preferente para mantener la categoría de VPO de estas viviendas de manera permanente.
La portavoz del Partido Socialista, Ane Oyarbide, enfatizó la necesidad de preservar el carácter público de estas viviendas y de prevenir especulaciones que pudieran afectar a las familias. Por su parte, Ricardo Burutaran, representante de EH Bildu, defendió la necesidad de encontrar una solución definitiva que conduzca a la recuperación de la titularidad pública de las viviendas. En esta línea, el portavoz del PP, Borja Corominas, destacó la urgencia de evitar desahucios y gestionar con cautela las expectativas de los residentes.
Desde la concejalía de Urbanismo, Nekane Arzallus expresó que el objetivo principal es garantizar que las familias puedan permanecer en sus viviendas. Agradeció la colaboración entre los diferentes grupos y reafirmó la importancia de abordar la situación desde una perspectiva de interés general. El alcalde, Jon Insausti, también se comprometió a trabajar junto a otras instituciones para encontrar una solución adecuada para los vecinos.
Las viviendas en cuestión se localizan en las calles Resurrección María de Azkue, Bertsolari Xalbador y la plaza José María Sert. Fueron adjudicadas en 1998, época en la que no existía aún la calificación permanente de viviendas protegidas. En aquel momento, el Gobierno Vasco otorgó el derecho de superficie a las empresas Metrovacesa y Vallehermoso durante un periodo de 75 años. Posteriormente, la gestión pasó a manos de Testa Residencial, actualmente conocida como Testa Homes, integrada en el fondo Blackstone.
El debate sobre el futuro de estas viviendas es crucial, ya que afecta a un gran número de familias que dependen de su estabilidad. La movilización de los vecinos en las últimas semanas evidencia la preocupación por el incierto futuro que les espera. Con la presión de la expiración de la calificación de protección pública, las iniciativas del Ayuntamiento buscan asegurar que ninguna familia se vea en la necesidad de abandonar su hogar.
