El Ayuntamiento de San Sebastián se encuentra actualmente evaluando las acciones que debe tomar para hacer frente a lo que considera una «ilegalidad» en la que está incurriendo la empresa Uber al realizar trayectos urbanos en la ciudad. Esta situación ha estado ocurriendo durante aproximadamente un mes y medio y consiste en que los viajes comienzan y terminan en la misma ubicación dentro de Donostia.
Hasta el momento, la administración local, bajo la dirección del alcalde Jon Insausti, ha sostenido que su única competencia consiste en inspeccionar y sancionar a los vehículos de Uber si cometen infracciones relacionadas con el tráfico, como el uso indebido de carriles reservados para autobuses y taxis. Según el consistorio, no puede sancionarlos por llevar a cabo actividades fuera del ámbito de las licencias interurbanas que poseen. Mientras el análisis sobre esta situación continúa en Donostia, el Ayuntamiento de Bilbao ha decidido que su Policía Municipal llevará a cabo controles sobre las licencias de taxi y VTC en sus calles esta semana.
Esta medida ha sido solicitada por el sector del taxi en la región, que reclama una regulación más estricta sobre la actividad de Uber. Sin embargo, el consistorio donostiarra ha manifestado que no tiene la capacidad legal para llevar a cabo dichas sanciones. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha recurrido a la Diputación de Bizkaia, que se encarga de emitir las licencias en Gipuzkoa, solicitando que asuma la responsabilidad de supervisar la actividad de Uber. No obstante, el gobierno foral ha rechazado esta petición, argumentando que las infracciones no se están llevando a cabo en su ámbito territorial, lo que deja de nuevo la responsabilidad en manos de Gipuzkoa.
En relación con las acciones de control, entre junio y diciembre de 2025, la Policía Municipal de Bilbao realizó un total de 39 controles y 59 inspecciones a los taxis y VTC, con el último control efectuado en febrero, que resultó en alrededor de una veintena de denuncias a vehículos de VTC y una sanción a un taxi. Esta situación pone de relieve la necesidad de una regulación más clara y efectiva, no solo en Donostia, sino en toda la comunidad autónoma.
La creciente popularidad de aplicaciones como Uber ha generado un debate sobre la regulación del transporte urbano en Gipuzkoa. Los taxistas se sienten amenazados por la competencia desleal de estos servicios, que operan bajo un marco legal diferente. La falta de una respuesta clara y contundente por parte de los ayuntamientos puede intensificar el conflicto entre los sectores del transporte tradicional y las nuevas plataformas digitales.
Es esencial que las administraciones locales y forales trabajen conjuntamente para establecer un marco regulatorio que garantice la equidad entre los diferentes modelos de transporte, protegiendo a los trabajadores del taxi y asegurando el cumplimiento de las normativas. La situación actual requiere una atención urgente y una solución que aborde tanto las preocupaciones de los usuarios como las de los profesionales del sector.
De cara al futuro, el papel del Gobierno Vasco será crucial para mediar en estas tensiones y encontrar un equilibrio que beneficie a todos los actores involucrados. La regulación del transporte urbano no solo es un tema de competencia económica, sino que también tiene implicaciones en la seguridad y la calidad del servicio que reciben los ciudadanos de Gipuzkoa.
