El Ararteko ha instado al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a que devuelva los más de 500 euros que un paciente del Hospital Donostia tuvo que pagar por los gastos relacionados con la amputación de una pierna debido a una enfermedad. Este caso ha puesto de manifiesto las dificultades que enfrentan algunos enfermos en situaciones similares.
El afectado se comunicó con la defensora del pueblo en Euskadi tras perder su extremidad en agosto de 2023. Al recibir la noticia de la amputación, desde el servicio de salud Osakidetza se le indicó que, a diferencia de años anteriores, debía encargarse de contactar con una funeraria para gestionar la recogida e incineración de la pierna amputada.
Según relata el paciente en la resolución del Ararteko, el personal médico no supo informarle adecuadamente sobre la normativa que le obligaba a asumir estos gastos. Además de enfrentar el «impacto psicológico» de la amputación, tuvo que gestionar y pagar los costos funerarios, que ascendieron a 531,71 euros, una carga que no debería recaer sobre él en esas circunstancias.
A raíz de esta situación, el afectado presentó una reclamación en el servicio de atención al paciente del Hospital Donostia, expresando su desacuerdo con el cobro de esta tasa, especialmente considerando su situación económica limitada, ya que contaba con unos ingresos mensuales de 880,61 euros. Solicitó a Osakidetza la devolución del importe abonado a la empresa funeraria, pero dicha solicitud fue desestimada.
Ante la negativa por parte de la entidad responsable, el paciente decidió acudir al Ararteko para buscar una solución. En su resolución, la institución recordó que el decreto que regula la Sanidad Mortuoria en Euskadi establece una clara distinción entre cadáveres y restos humanos, definiendo estos últimos como «aquellos de entidad suficiente procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones o abortos».
El Ararteko destacó que, mientras que los gastos relacionados con la inhumación e incineración de cadáveres son responsabilidad de la persona fallecida o sus herederos, la normativa no se aplica de la misma manera a los restos humanos. Por ello, se recomendó al Gobierno Vasco proceder al reintegro de las cantidades que el paciente o sus familiares habían abonado por la eliminación y el transporte de la pierna amputada.
Este caso resalta la importancia de aclarar las responsabilidades en situaciones tan delicadas y la necesidad de que las instituciones de salud brinden la información adecuada a los afectados. La recomendación del Ararteko puede sentar un precedente en la manera en que se gestionan estas situaciones en el futuro, ayudando a mejorar la atención y el soporte a pacientes en circunstancias similares.
