El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha manifestado su disposición a colaborar con el Departamento vasco de Vivienda para proteger los derechos de los inquilinos de unas 500 viviendas de protección oficial (VPO) situadas en el barrio de El Antiguo. Esta intervención se produce ante la próxima finalización de los contratos de arrendamiento, los cuales no serán prorrogados, según las informaciones disponibles.
Insausti, durante su habitual rueda de prensa de los martes, se refirió a una reunión mantenida la semana pasada con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso. En dicho encuentro, ambos abordaron diversas cuestiones relativas al desarrollo de nuevas viviendas en la ciudad y la situación de los inquilinos afectados por el inminente vencimiento de sus contratos.
Uno de los temas centrales de la conversación fue el futuro de los residentes en estos apartamentos, que dentro de aproximadamente dos años perderán su condición de VPO. La propiedad de estas viviendas pertenece a un fondo de inversión, que ha comenzado a notificar a los inquilinos sobre el próximo vencimiento de sus arrendamientos, lo que ha generado preocupación en la comunidad.
El alcalde expresó su inquietud por esta situación, destacando que «me preocupa mucho» y reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de «estar siempre del lado de los inquilinos» y «defenderlos». Insausti ofreció su «total colaboración» para que se implementen las medidas necesarias para proteger a los arrendatarios de Benta Berri.
Asimismo, solicitó al Gobierno Vasco que «emplee toda medida legal posible para la defensa» de estos inquilinos. Itxaso, por su parte, se mostró receptivo a esta solicitud, indicando que «están trabajando para emplear todo tipo de medidas» para abordar esta problemática.
Según han denunciado en varias ocasiones la plataforma Stop Desahucios y la asociación de afectados Alokairu, el origen de estos pisos se remonta a finales de los años 90. En esa época, el Gobierno Vasco adjudicó a una unión temporal de empresas (UTE) la construcción y explotación de 510 viviendas en el barrio de El Antiguo por un periodo de 75 años.
Entre las condiciones establecidas en el contrato, se especificaba que estas viviendas mantendrían la calificación de VPO durante los primeros 30 años, un plazo que se completará en el año 2028. Además, los 12 primeros años, hasta el 2010, estaban destinados al alquiler. A lo largo de estos años, los vecinos, con el apoyo del Ayuntamiento, lograron que se prorrogasen los arrendamientos.
Sin embargo, la situación cambió en 2018, cuando las empresas adjudicatarias originales vendieron las viviendas al fondo de inversión Blackstone. Este fondo parece tener la intención de recuperar la propiedad de los pisos una vez que se cumplan las tres décadas de calificación de VPO, lo que añade una nueva capa de incertidumbre para los inquilinos.
La situación actual pone de manifiesto la fragilidad de los inquilinos en el contexto de los fondos de inversión y la especulación inmobiliaria. La respuesta del Gobierno Vasco y de las instituciones locales será crucial para garantizar la protección de estos residentes que se enfrentan a un futuro incierto. La colaboración y el compromiso entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco son esenciales para abordar esta problemática y evitar que más familias se vean afectadas por el desalojo.
