La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, manifestó su descontento este lunes con respecto a la situación judicial que afecta al proyecto de Illarra. Durante una interpelación del grupo Elkarrekin, la edil expresó su preocupación, señalando que le «dolería en el alma» que la construcción de las viviendas se retrasara por un periodo de dos años. Esta situación surge en el contexto de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha puesto en duda el desarrollo de este proyecto residencial que incluye la construcción de 250 viviendas, cuya obra había iniciado hace unos meses.
El tribunal ha dejado claro en su última resolución que el Ayuntamiento debió iniciar desde un principio una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que el proyecto se adaptara a la sentencia emitida en 2024, en lugar de simplemente aprobar un documento de adecuación al fallo. Arzallus indicó que aguardan una aclaración de la Sala sobre este asunto, dado que consideran que la solución adoptada por el Pleno estaba dentro del marco legal. «La sentencia de Illarra no anuló el expediente completo del PGOU, sino solo algunos apartados», puntualizó la edil, defendiendo que el acuerdo de adaptación realizado era suficiente para corregir los puntos anulados sin necesidad de una nueva tramitación del PGOU.
La concejala reconoció que la decisión del TSJPV fue «una sorpresa», ya que contrariamente a lo que habían entendido, el tribunal parece sugerir que es necesario reiniciar el proceso de modificación del PGOU. Esto deja al Ayuntamiento ante la posibilidad de interponer un recurso de reposición, aunque Arzallus enfatizó que no desea demorar más el expediente, que ya ha sufrido retrasos significativos. En sus respuestas a las preguntas del concejal de EH Bildu, Ricardo Burutaran, la edil mostró su frustración por la situación actual.
El grupo municipal más crítico ha sido Elkarrekin Podemos. La concejala Arantza González argumentó que la falta de una correcta gestión desde el inicio del proceso ha llevado a esta situación actual. En su opinión, la sentencia del TSJPV deja claro que el planeamiento del Ayuntamiento no se ajusta a la legalidad. Según su lectura del auto, parece que se requiere reiniciar la modificación del PGOU, lo que pone de manifiesto las deficiencias en la actuación del gobierno municipal.
Arzallus también lamentó que se haya llegado a esta encrucijada, resaltando que «la sentencia no anuló la operación en su totalidad, sino solo en algunos puntos específicos», como el aumento del porcentaje de viviendas protegidas al 75%. La concejala justificó su malestar, argumentando que los recursos presentados por algunos vecinos solo buscan complicar el proceso, ya que no cambiarán la proporción de viviendas de protección oficial que ya se había establecido. «Lo único que se conseguirá es que las 160 familias afectadas esperen dos años más para acceder a sus viviendas públicas», reflexionó.
En otro tema relacionado, Arzallus se refirió al proyecto de transformación de la parcela de Riberas de Loiola, que pertenece al Gobierno Vasco, en un edificio de alojamientos destinados a los donostiarras. La concejala Vanessa Vélez mostró su inquietud ante las discrepancias evidentes entre los socios del gobierno municipal y vasco sobre este proyecto. Sin embargo, Arzallus prefirió no entrar en polémicas y se centró en la importancia del acuerdo alcanzado con el lehendakari, Imanol Pradales, para cambiar el uso de esta parcela con el fin de abordar la problemática de la vivienda en la ciudad.
La concejala explicó que, según los estudios realizados por el Departamento de Urbanismo, es posible construir hasta 400 apartamentos en la parcela, aunque esto no implica que el número final sea necesariamente ese. «Podrían terminarse construyendo 300 o incluso 100 alojamientos, dependiendo del proyecto que se acuerde entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco», concluyó.
